Tras su visita al país en su declaración la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Margaret Sekaggya, aseguró que el Gobierno colombiano tiene la responsabilidad de denunciar e investigar de manera exhaustiva cualquier tipo de violación a los Derechos Humanos.

A la vez, lamentó que la fuerza pública también haya cometido violaciones contra los defensores, "o ha mostrado complacencia con respecto a las violaciones cometidas por actores privados contra los defensores".

"Me preocupa profundamente el fenómeno tan extendido de las amenazas provenientes de autores desconocidos contra defensores de derechos humanos y sus familiares, que con frecuencia se materializan a través del envío de panfletos, sufragios, correos electrónicos, llamadas telefónicas y mensajes de texto", señaló.

Sekaggya señaló que la Policía debe tomar "estas amenazas en serio" adelantando sistemáticamente investigaciones y haciendo que los autores comparezcan ante la justicia.

Pero no dejó de lado el tema de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La ONU indicó que las amenazas contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia "debilitan el sistema de justicia en su conjunto, fomentan la impunidad y, por ende, repercuten negativamente en el trabajo de los defensores".

"Un motivo fundamental de la inseguridad de los defensores de derechos humanos radica en la estigmatización y el señalamiento sistemáticos de que son objeto por parte de funcionarios del Gobierno. Haciéndome eco de la declaración del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales al término de su visita a Colombia, el 18 de junio de 2009, los defensores de derechos humanos en repetidas ocasiones han sido acusados por altos funcionarios del Gobierno de ser "terroristas" o "guerrilleros", o de estar operando en secreto con ellos. La declaración pública del Presidente Uribe reconociendo el trabajo legítimo de los defensores de derechos humanos, y las realizadas recientemente por el Vicepresidente y el Ministro del Interior y Justicia son pronunciamientos importantes para la comunidad de derechos humanos. Es asimismo importante que la Procuraduría General de la Nación siga investigando las declaraciones hechas por servidores públicos en relación con defensores de derechos humanos, que son extremadamente nocivas para el trabajo de estos últimos", sostuvo.