Los países latinoamericanos deben destinar más fondos para la infancia y menos a la compra de armamento, con el fin de evitar que aumenten las cifras de pobreza y desnutrición crónica infantil y las tasas de delincuencia juvenil a raíz de la crisis, opinó un portavoz de Save the Children en Lima.

“Es una de las paradojas más increíbles lo que está pasando en América Latina: mientras muchos países entran en una carrera armamentista y gastan millones de dólares en armamento, muchos niños padecen de desnutrición crónica, aumenta el trabajo infantil y los abusos contra los menores”, declaró el coordinador regional de Inversión en Infancia de la ONG, el chileno Jorge Oroza.

El representante llamó la atención sobre los 34 millones de niños no van a la escuela en la región, durante su participación en el II Taller Latinoamericano de Inversión en Infancia: “Niñas y Niños primero en el presupuesto público”, que se celebró entre el lunes pasado y hoy en Lima.

Oroza indicó que, de acuerdo con “cifras conservadoras”, antes de la crisis “existían unos 180 millones de pobres en América Latina, de los cuales 120 millones eran niños” y “en los últimos meses, se calcula que unos 10 millones de niños (más) han cruzado la barrera de la pobreza”.
 
El activista también subrayó que, como consecuencia de la crisis financiera mundial, el trabajo infantil ha aumentado y alertó que muchos jóvenes, al no encontrar un trabajo, “se unirán eventualmente a las pandillas”, una situación que “generará un grave problema social”, tal y como ya ocurre en países como El Salvador y Honduras, donde operan las “maras”.
 
En ese sentido, indicó que la solución no es rebajar la edad penal para que los menores puedan ser enviados a las cárceles de adultos, sino encontrar soluciones a este problema, como la creación de puestos de trabajo para jóvenes, la capacitación laboral y los créditos educativos.

Unos 60 expertos de 15 países participaron esta semana en el II Taller Latinoamericano de Inversión en Infancia, que fue organizado por Save the Children y la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (REDLAMYC).