La Defensoría del Pueblo de Colombia advirtió el martes que continúan las amenazas de las Farc contra los habitantes de municipios ubicados en el centro y suroeste del país, mientras que los líderes de asociaciones de ediles y concejales denunciaron las presiones que sufren por parte de la guerrilla.

A través de su sistema de alertas tempranas, la Defensoría del Pueblo pidió precaución a los habitantes de las zonas rurales y urbanas de los municipios de Puerto Rico, Puerto Lleras y Vista Hermosa del departamento del Meta y a los de Toribío en Cauca.

En el Meta se encuentran los frentes 27 y 43 de las Farc que, según el organismo, están atacando a la población civil y se dedican al reclutamiento de menores de edad.

El defensor del Pueblo, Volmar Pérez, también se dirigió a las autoridades de Cauca para prevenirlas sobre la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los habitantes de la localidad de Toribío por "el uso de medios y métodos de combate no convencionales por parte de las Farc".

Fuentes de la Tercera Brigada del Ejército colombiano aseguraron a Efe que en el área cercana a Toribío, limítrofe con cuatro departamentos, opera un comando especial que combate el narcotráfico y los ataques de la guerrilla desde hace cerca de un mes, con un saldo de al menos 16 rebeldes y 6 soldados muertos.

El recrudecimiento del conflicto armado en el territorio colombiano se ha agudizado con el incremento de la presencia de las Farc en Bogotá, que el pasado domingo secuestraron a cuatro ediles del sur de la capital y luego asesinaron a dos de ellos.

A raíz de ese suceso, los presidentes de las asociaciones de ediles y concejales denunciaron las presiones que padecen estos funcionarios por parte de la guerrilla.

El presidente de la Asociación de Ediles de Colombia, Carlos Remolina, dijo a radio RCN que al menos siete ediles de las localidades bogotanas de Usaquén, Usme, Engativá, Soacha, Bosa y Santa Fe están amenazados "por grupos insurgentes, otros por delincuentes comunes y otros por las desigualdades sociales que hay en este país".

Remolina explicó que algunos reciben amenazas de muerte por escrito y otros por "permanentes llamadas telefónicas".

Por su parte, el vicepresidente de la Federación Nacional de Concejales, Álvaro José Argote, aseguró a esa misma emisora que más de 3.000 concejales de unos ocho departamentos del país presentan una situación muy complicada.

"Hay municipios de ocho departamentos en los que se registra una situación muy complicada. No tienen garantías para ejercer la actividad, son amenazados con la obligación de salir de sus territorios, de no hacer ningún tipo de actividad social ni política", declaró.

Argote recordó que no había una ola de violencia contra líderes comunales tan fuerte desde hace unos cuatro años.