Un “ex funcionario que siempre combatió la corrupción”, según sus propias palabras, y que se ganó su derecho a hablar por encima de los dos minutos habituales. En total, siete veces más de lo normal.
El escenario y la coyuntura electoral escogidos para ofrecer algunas explicaciones sobre el programa Agro Ingreso Seguro ocasionaron justificadas protestas de parte de algunos de sus rivales en la carrera a la Presidencia.
Frente a las críticas, el ex ministro Arias se defendió afirmando que está en su derecho de alertar sobre un tema en el que han circulado todo tipo de historias. Quienes se resisten a que Arias hable, se le escuchó decir, se oponen a la verdad. En la medida en que no hubo proselitismo político y, por el contrario, la discusión giró en torno a Agro Ingreso Seguro, no habría espacio para la indignación. Los consejos comunitarios, en últimas, le estarían abiertos a todo el que desee participar. Anunció, también, su interés en acudir a la Plenaria de la Cámara, escenario del próximo debate de control político que se le hará al actual ministro de Agricultura, Andrés Fernández.
A nadie debe perturbar que el ex funcionario responda a las denuncias que han hecho los medios de comunicación, desde cuando la revista Cambio presentó su primer informe sobre las indignantes anomalías de Agro Ingreso Seguro. En estas últimas semanas se le ha visto, escuchado y leído en diferentes medios de comunicación. Nadie ha tratado de silenciarlo y ello desde el comienzo del escándalo por la entrega de unos millonarios subsidios a unas pocas familias adineradas de la Costa Atlántica.
En su última entrevista a la prensa, Arias incluso argumentó que no existe responsabilidad política alguna de parte suya o de su sucesor: la responsabilidad política, si la hubiere, la asume explicando. No hay razones, pues, para pensar en renuncias. “Toda obra humana es imperfecta y hay que corregirla”, dijo, luego el programa de Agro Ingreso Seguro continuará con unos ligeros arreglos. Por lo pronto el ex ministro capoteó el escándalo y contó con todas las tribunas requeridas para hacerlo.
Sin embargo, el fin de semana pasado utilizó un escenario dispuesto para el Gobierno, con cámaras de la televisión pública, en lo que ciertamente resulta un uso abusivo de bienes públicos para quien está en campaña por la Presidencia de la República. No sobra preguntarse si, como le podría ocurrir al también ex ministro y ahora candidato presidencial Juan Manuel Santos con el tema de los falsos positivos, por ejemplo, o al propio candidato liberal Rafael Pardo por los nexos de la Fuerza Pública con los ‘Pepes’ durante su desempeño como Ministro de Defensa, ¿habría para ellos igual espacio para defenderse de las acusaciones en actos de Gobierno televisados por el canal institucional?
Aunque nada lo impide legalmente, la emisión televisiva de consejos comunales en los que se defienden y justifican políticas presidenciales sólo contribuye a enturbiar un escenario preelectoral que ya es lo suficientemente ambiguo, existiendo, como existe, un expreso interés del presidente Uribe —pueda o no ser candidato él mismo— en influir en el debate electoral del año entrante. El hecho de que no esté operando, y quizá no llegue a operar, la ley de garantías, no quiere decir que se puedan pisotear los derechos de los demás candidatos.