Mujeres de todas las edades marcharon por las inmediaciones de la Procuraduría General de la Nación y el Consejo de Estado, para convocar a las autoridades a que ratifiquen todas las disposiciones que han surgido alrededor de la despenalización del aborto.

En primera instancia, las marchantes solicitaron que se levantara la suspensión que se impuso sobre la vigencia del Decreto 4444, que reglamentaba la responsabilidad de las entidades de salud en la interrupción de embarazos inducida quirúrgicamente.

La norma fue suspendida provisionalmente por el Consejo de Estado, tras considerar que el Ejecutivo no era el competente para expedir ese tipo de disposiciones bajo las cuales se regulaba el aborto, a la espera de que fuera el legislativo el que se encargara de expedir toda la normatividad que se requiriera.

A su vez, quienes se hicieron partícipes de este acto de resistencia efectuaron un recorrido alrededor de la Procuraduría, luego que el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, informara su voluntad de solicitar la nulidad de la Sentencia T-388, a través de la cual Constitucional ordenó el diseño de una estrategia académica, con miras a promover la aprehensión de los derechos sexuales de las mujeres, especialmente lo relacionado con el aborto.

"El cuerpo es mío yo decido (...) Seres humanos libres, Estados Laicos", inquirió a gritos el grupo de manifestantes, que insistía en el carácter personal de la decisión de interrumpir o no el embarazo, al margen de instituciones como el Estado o la Iglesia, esta última firme contradictora de ese tipo de prácticas.

Muchas de las marchantes sugirieron, incluso, la posibilidad de que las autoridades ampliaran el margen de acción en ese sentido y derogaran toda limitación a la práctica del aborto, que sólo fue despenalizado en tres circunstancias excepcionales.

Según la Sentencia C-355 de 2006, la interrupción inducida del embarazo deja de ser un hecho punible, sólo si el estado de la gestante pone en riesgo su salud, si es producto de un acceso carnal violento o si existen evidencias de malformaciones en el feto.

De momento, autoridades como la Procuraduría y el Consejo de Estado han hecho expresas objeciones frente a la manera como las autoridades han dispuesto mecanismo de regulación y / o formación académica tendiente a poner en conocimiento de las mujeres las condiciones en las cuales se posibilita el aborto.