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Manuel Zelaya, presidente de Honduras, lee la Biblia.    

Honduras espera la llegada de los verificadores internacionales del Acuerdo Tegucigalpa-San José en medio de fuertes discrepancias entre el presidente depuesto, Manuel Zelaya, y el de facto, Roberto Micheletti, sobre la interpretación del pacto en lo referente a la restitución del derrocado.

Al ex presidente chileno Ricardo Lagos y a la ministra de Trabajo de EE.UU., Hilda Solís, nombrados por la OEA para conformar una Comisión de Verificación y que llegan mañana, martes, les espera una ardua labor, con las dos partes enzarzadas en una discusión sobre los plazos y qué pasaría si el Congreso no restaura a Zelaya.

Para este, si el Legislativo, a quien el acuerdo solicita que decida si debe o no volver a la Presidencia, vota en su contra o incluso si no lo ha restituido para el jueves, cuando debe conformarse un Gobierno de Unidad, el pacto quedaría roto. Sin embargo, el Gobierno de facto asegura que Zelaya, quien fue arrestado y expulsado del país por los militares y destituido por los diputados el 28 de junio pasado, está obligado a aceptar la decisión del Parlamento, incluso si es que no vuelva a la Presidencia.

“Todos aceptamos que es vinculante sea cual sea la decisión” del Legislativo, aseguró este lunes Arturo Corrales, miembro de la comisión de Micheletti y representante de este en la Comisión de Verificación. “El consenso de ambas comisiones fue que lo que el Congreso decida lo respetamos las partes, las comisiones (de Micheletti y Zelaya) y los protagonistas de este acuerdo, y asimismo, la comunidad internacional”, añadió Vilma Morales, portavoz de la delegación del gobernante de facto.

El representante de Zelaya en la Comisión de Verificación, Jorge Reina, dijo a medios locales que no quiere pronunciarse sobre qué consecuencias tendría una votación del Congreso en contra de la restitución, “porque es tan grave lo que hay enfrente que la especulación puede alimentar (más) gravedad”.

El acuerdo alcanzado el pasado viernes por ambas partes establece que el Congreso debe decidir sobre la restitución en consulta con otras instituciones del Estado como la Corte Suprema de Justicia. Los integrantes de la comisión de Micheletti reconocieron que el Gobierno de reconciliación debe ser acordado entre ambas partes, pero aseguraron que el acuerdo sólo establece que para el jueves deben estar elegidos sus ministros y viceministros, no quién lo dirigirá.

Zelaya expresó este lunes en un comunicado que la crisis política propiciada por su derrocamiento se debe superar revocando el golpe de Estado y que el cargo del presidente “no está en discusión”. “Sí está en discusión para el Congreso el hecho de derogar el decreto ilegal que destituyó al presidente y nombró ilegalmente al presidente del Congreso como presidente de facto de la República”, añadió.

De los doce puntos del acuerdo, Zelaya señaló que el número cinco, relacionado con el Poder Ejecutivo, “recoge en forma precisa el espíritu del acuerdo y señala taxativamente el procedimiento para revertir el golpe de Estado”. Además, pidió no “utilizar juegos sucios (ni) estrategias dilatorias”, en referencia a que el Congreso, que está en receso, todavía no ha convocado una sesión para analizar el tema.

Los representantes de Micheletti rechazaron la aseveración de Zelaya de que ambas comisiones solicitaron al Parlamento que aprobara la restitución o que el acuerdo haga alguna recomendación en tal sentido. “En ningún párrafo ni directa ni indirectamente se puede deducir que nosotros le hacemos ninguna propuesta en un sentido o en otro al Congreso. No hay una coma en todo que diga eso”, afirmó Corrales.

En cuanto a que Zelaya considere que si no es restituido el jueves se rompería el acuerdo, los representantes de Micheletti señalaron que las disposiciones finales del pacto establecen que la Comisión de Verificación debe interpretar los términos del documento.

Además, las autoridades de facto instaron a la comunidad internacional a reconocer las elecciones del 29 de noviembre, aunque el presidente destituido no sea restaurado. En el pacto, la comunidad internacional, como “testigo” a través del acompañamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA) , “se compromete a respetar el acuerdo”, recordó la vicecanciller, Martha Alvarado.