El amplio poder económico que les confirió el narcotráfico desató fuerzas corruptoras incontrolables y consolidó una compleja trama de infiltración del Estado, cada vez más difícil de comprender y categorizar. El concepto de cooptación del Estado que por estos días se discute con motivo de la última investigación de la Fundación Método, coordinada por el economista Luis Jorge Garay, debe por ello trascender los espacios de discusión estrictamente académicos.
La cooptación es ante todo una forma de corrupción a gran escala con la que grupos criminales organizados distorsionan la formulación de leyes, normas, decretos, reglas y regulaciones, y debilitan la estructura institucional de un país.
Al estudiar los distintos matices de la historia nacional reciente, es posible identificar la evolución del proceso de cooptación del Estado. En un primer momento, y bajo el liderazgo del extinto Pablo Escobar, los narcotraficantes colombianos intentaron penetrar el Congreso de la República. Una estrategia que despertó la férrea oposición de más de un sector de la sociedad y expuso a los capos a múltiples riesgos penales. El fracaso de la iniciativa llevó a las mafias a penetrar el Estado de manera indirecta, mediante la infiltración del proceso de elección del Presidente Ernesto Samper.
Las estrategias emprendidas a lo largo de los 80 y 90 no surtieron el efecto esperado. Los actores ilegales aprendieron que ni la participación directa en política, ni la realización de pactos puntuales con campañas presidenciales les permitirían influir de manera permanente en la formulación de leyes y políticas de gobierno.
Es entonces cuando en un escenario de lucha antisubversiva, el narcotráfico consigue el dominio de ciertos territorios a través de la conformación de ejércitos privados, o la realización de pactos con grupos paramilitares preexistentes. A corto plazo, la cooptación estatal operó a través de la intimidación y el soborno a funcionarios. En el largo plazo, los nuevos actores narco paramilitares se camuflaron en partidos u organizaciones políticas empleados como mecanismos legítimos de entrada a la maquinaria estatal.
La coincidencia de intereses entre criminales y políticos locales llevó al afianzamiento de nuevos movimientos políticos con fuertes bases regionales que controlaron el Estado en el nivel local, accedieron al Congreso para legislar en beneficio de la delincuencia y desataron el proceso conocido como la parapolítica.
Es evidente que en algunas regiones del país aun operan acuerdos entre políticos locales y redes criminales –ahora denominadas bandas criminales emergentes-. El resultado es desesperanzador. Agentes criminales ejercen algún grado de control sobre instituciones como el DAS, la fiscalía, el sistema subsidiado de salud y la educación pública. La cooptación estatal perdura y se consolida en departamentos enteros en los que los grandes capos de la droga o el paramilitarismo fueron sucedidos por mandos medios, y el poder de los políticos locales enjuiciados por parapolítica fue heredado por aliados y familiares.
Algo se ha avanzado a partir del debilitamiento de las guerrillas, la desmovilización de las AUC y la extradición de grandes capos de la droga. Pero difícilmente se puede negar que la cooptación del Estado es un fenómeno persistente que riñe con el supuesto posconflicto en que nos encontramos, según el término empleado por fuentes oficiales.