La Procuraduría General de la Nación solicitó que se decretara la nulidad del juicio que se adelanta en contra del ex representante a la Cámara por Tolima, Gonzalo García Angarita, acusado de mantener vínculos con grupos paramilitares de esa región del suroccidente colombiano.

La decisión se produjo sólo unas semanas después de que la Corte Suprema de Justicia hubiese reasumido el proceso, que había cursado en un tribunal Especializado, tras formalizarse la acusación por sus supuesto nexos con el Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.

El juez titular del despacho había absuelto de toda responsabilidad a García Angarita, luego de que la Procuraduría y la misma Fiscalía hubiesen manifestado la ausencia de pruebas que demostraran la veracidad de la acusación.

Posteriormente, el mismo ente acusador e investigador apeló la decisión del despacho, por lo que el proceso seguía su curso todavía en el momento en que la Sala Penal de la Corte decidió retomar una jurisprudencia que le entregaba la competencia para seguir juzgando a los funcionarios públicos que hubieran renunciado a su investidura, cuando fueran objeto de procesos relacionados con delitos que se produjeran dentro de sus funciones como servidores del Estado.

Respondiendo a esta disposición, la Corte reasumió el caso que, para el mismo dirigente tolimense, estaba adportas de ser archivado, teniendo en cuenta la decisión del juez de dictar un fallo absolutorio en su favor.

La Procuraduría, atendiendo a la orden impartida por el jefe del ministerio público, Alejandro Ordóñez, solicitó que se decretara la nulidad, considerando que el Alto Tribunal carece de la competencia para conocer del caso, pues además considera que la tipificación del delito, concierto para delinquir, no tiene nada que ver con las funciones del congresista.

El llamado a juicio se había hecho público en diciembre de 2007, luego de conocerse los testimonios de varios ex comandantes paramilitares, que lo sindicaban de haber establecido una alianza con el grupo armado ilegal en momentos en los que se desempeñaba como alcalde del municipio tolimense de Valle de San Juan.