El Comité de la ONU contra la Tortura emitió el viernes su informe final sobre Colombia, en el que destaca "una disminución global" de las denuncias de tortura en los últimos 5 años, pero al mismo tiempo subraya su preocupación por los informes sobre la implicación de agentes estatales en ese crimen.
"El Comité está especialmente preocupado por la información que indica un aumento de casos que señalan una participación directa por parte de los agentes estatales" (en casos de tortura), señala el documento hecho público en Ginebra.
Agrega que la incidencia de tortura en Colombia "es alta y corresponde a patrones específicos que indican una aplicación generalizada".
Sobre esa situación, reconoce las iniciativas del país andino para contrarrestar la impunidad, pero ello no impide que el Comité observe problemas como la "falta de información fidedigna sobre los casos de tortura", lo que se refleja en "las contradicciones entre las cifras entregadas por distintas entidades".
Asimismo, indica su preocupación por la ausencia de un sistema centralizado para la compilación de datos acerca de los casos de tortura, lo que impide "tener claridad acerca del número total de casos denunciados, investigados y sancionados".
De otra parte, el Comité cuestiona que se "realicen tipificaciones erróneas y asimilen el delito de tortura a tipos penales de menor gravedad, como el delito de lesiones personales", una práctica que, entre otras, conlleva a "un grave subregistro" y a la "impunidad".
Por todo ello, el Comité instó a Colombia a que "cumpla las obligaciones contenidas en la Convención contra la Tortura", con penas "que tengan en cuenta su gravedad" y que se le considere como un delito autónomo.
De manera más amplia, el órgano de las Naciones Unidas abordó en su informe "la persistencia de graves violaciones conexas a la tortura, como las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, el desplazamiento forzado, las violaciones sexuales y el reclutamiento de niños".
En relación a ellos, los expertos del Comité expresan su inquietud por la "alta incidencia" de detenciones arbitrarias y considera que "las detenciones sirven para estigmatizar a ciertos grupos como líderes sociales, jóvenes, indígenas, afrocolombianos y campesinos".
De las desapariciones forzadas, lamenta la "lentitud" en la implementación del Plan Nacional de Búsqueda de Personas, y que el Ejecutivo se haya opuesto a un proyecto de ley para el esclarecimiento de casos de ese tipo y la identificación de cadáveres en fosas comunes.
Sobre la violencia sexual, el Comité expresa preocupación por su utilización como arma de guerra y por aquellas que son "atribuidas a la fuerza pública", lo que le lleva a pedir al Gobierno colombiano la adopción de medidas "eficaces y urgentes para erradicarla".
Añade que "la violencia sexual atribuida a la fuerza pública debe ser investigada, enjuiciada y firmemente sancionada".
Al abordar el reclutamiento de niños y niñas para ser usados en el conflicto interno, el Comité señala que la fuerza pública los utiliza "con propósitos de inteligencia" y ocupa escuelas en zonas de conflicto, una situación que pide que cese para que se restablezca el respeto a la neutralidad de los centros educativos.
En otro pasaje de su informe, el órgano de las Naciones Unidas menciona "el patrón extendido de ejecuciones extrajudiciales de civiles que posteriormente han sido presentados por la fuerza pública como muertos en combate", al tiempo que considera que la Justicia militar debe dejar de asumir la jurisdicción de casos de violaciones graves de los derechos humanos.