La primera y más obvia es el reconocimiento expreso por parte del Gobierno de la crisis financiera del sector de la salud, que pone en evidente peligro su futuro. La segunda es la clara directriz presidencial de buscar nuevos recursos gravando la cerveza, otras bebidas alcohólicas y el tabaco.

De cualquier modo, hay que celebrar que se busquen nuevos recursos para la salud y hay que decir que gravar esos productos es el camino correcto para obtener dicha financiación.

El presidente Uribe ha sido muy claro cuando ha dicho que estos recursos irán a los entes territoriales. Con estos dineros, departamentos y municipios podrán pagar la deuda que tienen con IPS de los sectores público y privado, que vienen soportando la pesada carga de cerca de medio billón de pesos que no han podido ser cancelados y que sitúan al Estado como el principal deudor del sector hospitalario.

Hace pocos días la noticia fue la crisis de las EPS, que según las afirmaciones de sus dirigentes tiene al borde de la quiebra a varias de ellas y nuevamente se vuelve a mencionar la posibilidad que estarían contemplando algunas de dejar este negocio definitivamente. Incluso la Nueva EPS, que se exhibía como ejemplo de una empresa estatal bien concebida, enfrenta serios problemas que al parecer obligarían a una capitalización inminente.

Se ha anunciado la creación de una comisión encabezada por los ministros de Hacienda, de Protección Social, el Director de Planeación Nacional y representantes de los gobernadores y alcaldes del país para encontrar los recursos que permitan cumplir con la decisión de la Corte Constitucional de atender a los usuarios con servicios de salud, incluso los que no están contemplados en el Plan Obligatorio.

Pero el país tiene que hacer una reflexión más profunda sobre su sistema de salud, que acaba de cumplir 15 años y que, aunque muestra logros indudables, también tiene problemas como el que ahora obliga a la declaratoria de una emergencia social. Y que no se circunscriben a la sentencia de la Corte Constitucional. Se debe abordar la pregunta de si el sistema de aseguramiento que se escogió como modelo es viable y costeable en un país como el nuestro.

También es necesario preguntarse si no está haciendo falta una EPS pública que sirva de moderador del mercado; este es uno de los debates centrales en la reforma de salud de Estados Unidos y uno de los puntos en que más ha insistido el presidente Obama.

¿Cuánto dinero del destinado al sector de la salud se está invirtiendo realmente en la salud de los colombianos? ¿Cuál es el costo de administración, intermediación y transacciones dentro de nuestro sistema? ¿Cuánto dinero termina en actividades muy diversas que nada tienen que ver con la salud? Estas preguntas no están resueltas y el país debe conocer sus respuestas, porque seguramente parte de las acciones que se deban tomar deben estar encaminadas a volver más eficaz el uso de los recursos.

En la campaña presidencial que se está iniciando, la salud debería ser uno de los ejes centrales de discusión. Todos los candidatos deberían abordar el tema y proponer soluciones, y la opinión pública debería exigir de quienes aspiran a la Presidencia de la República posturas claras respecto a la salud y al sector social.