El Contralor General de la República, Julio César Turbay Quintero, alertó a la ciudadanía sobre la urgencia de que se sumen a los esfuerzos de los órganos de control y del sistema judicial para detener la desastrosa presencia de la corrupción y la ineficiencia en algunos entes territoriales.

Al intervenir en el Seminario de Competencias en Delitos contra la Administración Pública, promovido por la Contraloría General, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, con base en el convenio suscrito por las tres entidades para coordinar esfuerzos en la lucha contra la corrupción, Turbay Quintero advirtió que algunas entidades territoriales están recibiendo cuantiosos recursos, que se convierten en un atractivo botín para las personas inescrupulosas, más aún ad portas de la próxima contienda electoral.

Para el Contralor General los logros obtenidos a través de este convenio son positivos. En el último año de ejecución del acuerdo los procesos de responsabilidad fiscal que se iniciaron tuvieron origen en la acción conjunta de las tres instituciones; y se resumen en inversiones en patrimonios autónomos de fiducia mercantil, inversiones en títulos de tesorería (TES), e irregularidades en el departamento de Chocó y algunas actuaciones en el departamento de Bolívar.

Logros

Indicó el contralor General que actualmente están en curso 19 procesos por las inversiones realizadas por los departamentos de Meta y Casanare, los municipios de Villavicencio y Castilla La Nueva, y la Dirección Nacional de Estupefacientes, por $201.053.9 millones, sin incluir rendimientos financieros; recursos que corresponden a regalías, el Sistema General de Participaciones, ingresos propios de los entes territoriales y del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y lucha contra el crimen organizado.

Para asegurar el resarcimiento del daño ante un eventual fallo con responsabilidad fiscal, aseguró Turbay Quintero, se decretaron medidas cautelares por valor de 135.000 millones de pesos, con un límite pendiente por materializar de 310.587 millones de pesos.

Se embargaron, entre otros, 476 bienes inmuebles, 68 cuentas bancarias, 2 títulos de inversión, los derechos fiduciarios en 19 patrimonios autónomos, 27 vehículos y maquinaria agrícola e industrial, así como establecimientos de comercio.

Turbay Quintero, reveló que la Contraloría General inició una investigación en la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), por presuntas irregularidades en la destinación de recursos públicos a través del contrato de encargo fiduciario de administración, inversión y pagos No. 024 del 28 de agosto de 2006, suscrito con Fiduagraia por $25.512.6 millones, cuyo plazo de ejecución se pactó en un año.

Con el apoyo de la USAID, a través de la Fundación MSI, la Contraloría General desplazó al departamento de Chocó, tres grupos de reacción inmediata que mediante indagaciones preliminares determinaron la ocurrencia de irregularidades con presunta incidencia fiscal por valor de 5.240 millones de pesos en los municipios de Medio Atrato y Acandí.

Irregularidades en Bolívar

En Bolívar, la Contraloría indicó que detectó entre otras irregularidades que el presupuesto definitivo 11.559 millones de pesos, correspondiente al 20% del recaudo total por concepto de regalías directas durante la vigencia de 2008, no se distribuyó de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Decreto No 416 de 2007. Sólo se destinó una tercera parte para el aumento de cobertura en agua potable.

Encontró, además, que en las bases de datos del municipio y de las EPS: Caprecom, Comparta, Emdisalud, Ambuq y Mutual Ser, aparecen activas 53 personas fallecidas, por 34.2 millones de pesos.

De otra parte, existen 35 personas (seis concejales del municipio y 21 funcionarios del ente territorial), que registran doble afiliación: al Régimen Subsidiado y al Régimen Contributivo; y 4.486 que aparecen doblemente afiliadas en las bases de datos de las EPS que contrataron los servicios de salud del Régimen Subsidiado en el municipio de Santa Rosa de Lima. Hechos que generan un presunto detrimento patrimonial por valor de 1.252 millones de pesos.

Así las cosas, preciso el Contralor General, es urgente que la ciudadanía se sume a los esfuerzos de los órganos de control y del sistema judicial para combatir la corrupción.