Intolerancia en la red

EL DEBATE POR LA CAPTURA DEL joven estudiante de bellas artes Nicolás Castro, a quien se le acusa de ser el creador de un grupo en la red social Facebook denominado “Me comprometo a asesinar a Jerónimo Uribe”, no debiera agotarse en los pedidos de mayor celeridad judicial hechos por otras personalidades de la política igualmente afectadas por estas condenables manifestaciones de intolerancia en la red.

Razón no les falta a quienes consideran que su caso amerita igual consideración por parte de las autoridades. Varios mensajes intimidatorios han circulado por internet, sin que a la fecha se conozca el nombre ni la procedencia de sus autores. La selectividad con que aborda sus casos el DAS, que de manera diligente involucra al FBI y en nada resuelve lo que de otra manera habría quedado impune, confirma el estribillo tantas veces repetido de que la justicia es para los de ruana.

Pero insistimos en que el meollo de la discusión no está en si las autoridades tienen un sesgo ideológico, o cuando menos gubernamental. Reintroducir la polarización para analizar el dilema que nos plantea el caso de Nicolás Castro impide la discusión de fondo y nos lleva a lo que no pasa de ser un falso problema: pese a que lo que realmente debiera existir es una condena al delito del que se le acusa, en este ambiente polarizado terminamos discutiendo si las víctimas de los ataques en la red son colombianos relacionados con el poder que ostenta el presidente Uribe, como en el caso de su hijo Jerónimo, o si son representantes de la izquierda, como el senador Gustavo Petro o el ex candidato presidencial Carlos Gaviria.

Quienes creen que amenazar de muerte a otras personas no pasa de ser un mal chiste, un comportamiento menor que debe ser tolerado como quiera que en la red todo está permitido y la libertad es absoluta, omiten la posibilidad de que el crimen en efecto se ejecute. En países como los Estados Unidos, instigaciones al racismo llevan a la consumación del asesinato. No han faltado los que se comprometen a matar médicos que practiquen abortos y, a la vuelta de unos días, aparecen los primeros doctores asesinados. Igual ocurre con algunas tribus urbanas, con la prostitución y, en generanl, los otros crímenes de odio que de tanto en tanto copan las planas de los periódicos. En un país como el nuestro, donde la vida vale tan poco, plantear amenazas de muerte no es un juego.

Todo lo cual tampoco debería justificar la desproporcionada reacción con que algunos se han esforzado por lograr que el estudiante de la Universidad Jorge Tadeo Lozano trunque su futuro y pase sus siguientes 16 años en La Picota. Las declaraciones del general Luis Alberto Ramírez, director de la Dijín, resultan paranoicas. Nos dice que el joven visitó en internet grupos de personas como “Irán- Irán”, “Rebelión” y “Antorcha”, en los que se hace apología del terrorismo. Que estos grupos son simpatizantes de Al Qaeda, Eta y Farc. Y que hay más de 1.430 reseñas de documentos con información de la familia Uribe. Todo para sugerir, de manera implícita, que no estamos ante un estudiante que cometió un error condenable, sino ante un estudiante que tiene el perfil de un terrorista.

Antes que agarrar un chivo expiatorio,  que sea esta la oportunidad para abordar el tema de las conductas punibles en la red y la ausencia de legislación. Y no porque se deba regular totalmente, pues si algo caracteriza a internet desde su surgimiento es la libertad con que las personas navegan y las pocas limitantes que encuentran a su paso. Pero sí para comenzar a responder una pregunta que cada vez resulta más difícil seguir eludiendo: ¿Debe tolerarse lo intolerable en la internet?