Los damnificados con la liquidación de Telecom exigen no ser tratados como delincuentes, después de haber perdido su derecho a la jubilación.
Mireya Beltrán es sólo una de los 650 ex trabajadores de la liquidada Telecom, que perdieron su derecho a la pensión, pese a haber firmado un preacuerdo que les salvaguardaba el beneficio, y hoy exigen una rectificación por parte de la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, María del Rosario Guerra, al referirse respecto a la supuesta actividad delictiva que ejercían.
Según la titular de la cartera, existe un grupo de ex empleados, abogados y jueces de regiones apartadas del país que se están haciendo al patrimonio de la antigua empresa, por cuanto los afectados solicitan un trato más digno de parte de los representantes del Ejecutivo, frente a lo que, consideran, ha sido la derogación de derechos ya adquiridos por ellos, que siguen sin serles reconocidos.
Para Mireya Beltrán, no pueden pasarse por alto las amenazas y las persecuciones de las que ha sido objeto en su casa de Villavicencio, Meta, pues insiste en que han estado relacionadas con su apoyo a la candidatura de Gustavo Petro al Senado de la República en 2006.
Admite, así mismo, lo paradójico que suena el que tales acciones hayan coincidido con las denuncias que formuló en contra del Gobierno Nacional, en cabeza de su ex copartidario, Álvaro Uribe Vélez, y que han sido archivadas en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
Varios hombres habrían irrumpido en su departamento de la capital del Meta, por su decidida actitud de defensa frente a quienes han ignorado el acuerdo existente entre la desaparecida firma y algunos de los ex trabajadores de la empresa, liquidada hace seis años.
La señora Beltrán recordó que entre el 6 y el 30 de marzo de 2003 le respondieron afirmativamente al acuerdo propuesto por el Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom, PAR, el día 14 del mismo mes, pese a que ese hecho fue desconocido por el mismo agente liquidador de entonces y que ha sido ratificado por el que ejerce esta tarea en la actualidad.
Sin embargo, ha habido conceptos de autoridades que respaldan esa postura, como lo expresa la misma directiva expedida por Telecom antes de llegar su fin, hace seis años, y que hizo parte de los documentos analizados por la Contraloría General de la República, en los que expresa su preocupación por el manejo de una liquidación que mantendría vigentes sus compromisos antes de entrar en este proceso.
"El plan va dirigido a los Empleados de Telecom a nivel Nacional pertenecientes a Regímenes especiales y a los cargos de excepción que se encuentren hasta siete años de cumplir los requisitos para la pensión", se leía en la directiva, pese a que hubo muchas personas que no fueron acogidas por lo beneficios anunciados en este parágrafo.
Para Mieya Beltrán, el hecho de que el Estado haya dejado de responder con más de seis centenas de responsabilidades pensionales individuales, constituye la evidencia de su falta de compromiso con un acuerdo ya adquirido y que sólo ha sido cumplido de manera parcial.
"La población objetivo recomendada son 1.557 trabajadores, de los cuales el 75 por ciento se pensionarían en los siguientes dos años. Son 1.293 trabajadores que se encuentran en régimen especial y 264 en cargos de excepción", advierte la orden impartida por Telecom, previo a su liquidación, y aún así son poco más de 900 los pensionados bajo estos condicionantes.
El mismo Ministerio Público advirtió que, pese a las transformaciones de la empresa, no podrían olvidarse los compromisos adquiridos por el agente liquidador, por cuanto la denunciante exigió la mayor diligencia para dilucidar el tema.
Sin embargo, el caso de Mireya Beltrán, quien aceptó el acuerdo a sólo once días después de abierto el plazo (la mitad del tiempo), ha sido ignorado por las autoridades, a pocos días de que la Corte Constitucional determine si se ajusta o no a la Carta Política el tema de las pensiones anticipadas.
A parte del convenio entre los intervinientes, ya suscrito, existe un fallo del Consejo de Estado que le da viabilidad a este pacto, que para la señora Beltrán constituye un precedente de constitucionalidad de su convenio, que no sólo le ha valido la desidia de los sectores oficialistas, sino que le ha significado un desmejoramiento de su salud y la desestabilización de su núcleo familiar.
A sabiendas de que es víctima de una enfermedad tan destructiva como el lupus y, teniendo en cuenta las continuas agresiones de las que ha sido objeto su familia, Mireya Beltrán sigue exigiendo su derecho, pese a la directiva 004 de 2006, del magistrado José Alfredo Escobar Araújo, relacionada con la tesis jurídica que deberían emplear los jueces frente al tema, que para ella ha impedido el pago de su pensión.
El caso, que ya fue tramitado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pretende que se hagan efectivos los beneficios adquiridos por los trabajadores de la empresa de telefonía fija, una lucha que ha sido liderada por esta mujer, víctima de una enfermedad terminal, que apoyó la primera reelección presidencial, y que además considera inminente el que se produzca un atentado contra su vida.