La Procuraduría General de la Nación advirtió que el acuerdo para contratar a los fabricantes del satélite colombiano no se pueden dar entre gobiernos, sino que debe convocarse una nueva licitación que abarque las disposiciones de la Ley 80 (de contratación).
Así lo informó el Organismo de Control en una comunicación enviada al despacho de la Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, María del Rosario Guerra, señalando que "la justificación dada por la administración para no adelantar un proceso licitatorio o de selección abreviada no es suficiente".
Para el Ministerio Público es evidente que este proceso no finalizó de manera exitosa, precisamente en virtud de las diferencias latentes entre el régimen de contratación colombiano y la industria espacial, específicamente en el tema de las garantías.
Sin embargo, la Procuraduría señaló que el valor de las pólizas exigidas podría ser reducido con la debida argumentación en los estudios previos, lo que implica que este aspecto es subsanable y hay condiciones para convocar a una nueva licitación.
Así mismo, precisó que el proponente que hizo pública su iniciativa en el última jornada del proceso recientemente cerrado se ajustaba a los parámetros de seriedad de la oferta y de garantías, demostrando que el requisito sí es susceptible de cumplirse.
Añadiò que no comparte los señalado por el Ministerio, respecto a la eventualidad de celebrar un acuerdo contractual entre gobiernos, por cuanto recordó que todas las actuaciones de esa naturaleza deben estar supeditadas al Estatuto General de Contratación Pública, señalamientos que riñen con el propósito del Ejecutivo, en esta materia.