Por corrupción, destituyen al Presidente del Instituto de Seguros Sociales

El Gobierno Nacional decidió destituir a la totalidad de la mesa directiva del Instituto de Seguros Sociales.

Por solicitud del Zar Anticorrupción, Óscar Ortiz González, el ministro de Protección Social, Diego Palacio Betancourt, anunció dicha determinación que incluye al Presidente del Instituto de Seguros Sociales, Roger José Carrillo, al Vicepresidente Administrativo, Eugenio Alvarado, y al Jefe de Compras de esa entidad, Jaime Anaya.

Los argumento para esta decisión, dan cuenta de cómo el Zar detectó una serie de irregularidades cometidas por los funcionarios sobre una licitación de $5.400 millones y, pese a ello, la entidad la adjudicó.

"Huele muy mal que hayan adjudicado sin dar explicaciones al Programa Presidencial sobre las irregularidades", dice Ortiz González.

"La semana pasada alertamos al Instituto sobre un posible direccionamiento que atenta contra los principios de participación y transparencia, y los funcionarios no respondieron. Además, ayer, luego de ser adjudicada, nos dieron unas explicaciones insatisfactorias tanto en lo jurídico como en lo ético. Lo primero, porque no se respetaron los principios rectores de la contratación pública, transparencia y participación; y lo segundo, porque la actuación en este proceso, así parezca ajustada a los parámetros legales, le hace trampa a la ley", subrayó el Zar.

La licitación que dio origen a la decisión tiene como objeto contratar el servicio de recepción, transporte, organización, almacenamiento, custodia y selección masiva de las historias clínicas de los usuarios del ISS, y el levantamiento, verificación y corrección de sus bases de datos.

El Zar había asegurado en cartas dirigidas a la entidad y a la Procuraduría General que la principal irregularidad del proceso se relacionaba con las modificaciones que le dio la entidad a los requerimientos obligatorios en relación con la experiencia, mediante la adenda número 6.

De un lado, ésta se publicó a las 6:14 p.m. del 3 de diciembre y la presentación de propuestas se programó para las 6:00 de la tarde del día siguiente. "La modificación no dio tiempo a los eventuales interesados. Se colige una restricción a la participación, toda vez que a los interesados con la experiencia suficiente se les impidió concurrir al proceso, y a otros potenciales oferentes no se les brindó la oportunidad ni siquiera de informarse", resaltaba Ortiz González en las misivas.

Del otro lado, si bien la adenda 6 fue pertinente teniendo en cuenta que sus exigencias se ajustaban a las actividades del contrato, lo que no sucedía con los prepliegos y los pliegos, no fue oportuna pues desde octubre, cuando se realizaron las preguntas sobre el prepliego, uno de los interesados había solicitado modificar ese punto de los documentos del proceso. "Se desprende entonces que la administración conocía con suficiente anterioridad la necesidad de introducir una modificación a los documentos técnicos", indicó el Zar.

Según la comunicación remitida al Procurador, "es posible que se trata de beneficiar a uno de los proponentes. De hecho, se presentaron tres propuestas y únicamente cumplió la exigencia uno de los proponentes. Se deduce, por tanto, un posible direccionamiento, a través de un requisito de última hora frente al cual no se dan las oportunidades de acción para unos y ni siquiera de información para otros".

Otra irregularidad detectada por el Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción tiene que ver con la publicación de la Adenda 7 el día del cierre del proceso, lo que va en contravía de la legislación. Además, se dieron a conocer dos adendas con el número 7, una a las 9:48 a.m. y otra a las 10:11 a.m., con contenidos diferentes.