Tras varios años de discutir y criticar las prácticas de algunos ciudadanos que asumen el agua como un recurso infinito, una posible solución frente a la cultura del desperdicio se abre paso desde la perspectiva de las sanciones económicas. Ciertamente es una lástima que las autoridades responsables deban recurrir a tan drásticas medidas. Algunos desearíamos que desde el campo de la pedagogía, como lo hiciera el entonces alcalde de Bogotá Antanas Mockus, se hicieran campañas para concientizar a la ciudadanía del valor real que tiene el agua y el costo que implica su mal uso.
Entre tanto, son bienvenidas las políticas que obliguen a modificar pautas de comportamientos que atentan contra el medio ambiente e incentivan futuros racionamientos. Y ello pese a que los constreñimientos de índole económica no garantizan que los colombianos valorarán el agua como el recurso preciado y limitado que es.
En esta oportunidad han sido fijados los límites de consumo mensual a los que cada familia tendrá derecho de acuerdo con el clima en el que habite. Se dice que el consumo promedio mensual en clima frío es de 14 metros cúbicos, en clima templado pasa a 17 y en tierra caliente a 17,5; con ello en mente, la CRA decidió que sólo se permitirá consumir el doble de lo estipulado por familia y, por consiguiente, a partir del 1° de enero habrá un cobro adicional por cada metro cúbico de más que sea dilapidado.
Y es que en materia de malversación, las actitudes que perturban son varias. Los hay quienes insisten en el uso indiscriminado de la manguera para lavar el carro en el garaje de la casa o en cualquier punto de la ciudad; los que hacen del baño diario una extensa obra de arte que tarda demasiado; y quienes hacen caso omiso de grifos y llaves de cocina averiados y por los que circula agua que bien podríamos ahorrar. Calculan los expertos al respecto que 10 gotas por minuto provocan un desperdicio de 2.000 litros de agua al año.
Junto a estas desconsideradas actitudes, por todos conocidas, otras debieran recibir igual atención. Es el caso de quienes vierten productos de limpieza en el desagüe; los que escogen el momento inoportuno para regar las matas (la hora en la que el sol evapora el agua con mayor rapidez); y quienes hacen un mal uso del inodoro, la lavadora y el lavavajillas.
La entrada en vigencia del nuevo decreto promete poner en cintura a más de 2,4 millones de personas que se estima son los que violan sistemáticamente las restricciones que de palabra y sentido común rigen la materia. Y aun es posible, como será obvio, que se imponga el odioso criterio de que quien tiene el dinero para darse el lujo de derrochar un bien común puede hacerlo si paga por ello.
No obstante los buenos augurios que merece el nuevo decreto sobre regulación del agua, debe entonces insistirse en la necesidad de pasar de una cultura del derroche a una del ahorro. Otras iniciativas, pues, son igualmente requeridas. Es preciso que el agua, por lo demás un bien que no les está garantizado a todos los colombianos, adquiera un valor que el dinero no siempre pueda asegurar.