Como es obvio, preocupa la expectativa de aquellas personas a las que se les prometió algún tipo de compensación por los dineros entregados a la comercializadora ilegal. Inquietan, además, los asuntos judiciales aún no resueltos, entre ellos el esclarecimiento de los turbios nexos que habría tenido DMG con políticos, abogados, funcionarios y periodistas, entre otros.
Y sobre todo, desconcierta el uso generalizado que se le está dando a la figura de la extradición, un válido mecanismo de cooperación judicial entre naciones que anteriormente era suficiente motivo de disuasión para los criminales y parece haberse convertido en una salida expedita de doble vía: para el extraditado, a quien le resulta conveniente saldar sus cuentas en el extranjero a través de la negociación de sus condenas, y para el Estado que extradita, que de esa manera se evita nuevos escándalos o prolongaciones innecesarias del dilema inicial.
No hace muchos días que el Estado colombiano, a través del Juez Cuarto Especializado de Bogotá, José Reyes, condenó a 30 años y 8 meses de cárcel a David Murcia Guzmán por los delitos de lavado de activos y captación masiva y habitual de dineros del público. Una condena que generó debate, pues hubo quienes la consideraron excesiva, e inclusive demasiado alta en un país en el que por delitos atroces se pagan pocos años de cárcel. Otros, sin embargo, la interpretaron como justa y aceptable. Además se dijo que formaba parte de las condenas ejemplarizantes con que se pretendía amedrentar a futuros delincuentes.
No obstante llega la extradición. Una corte de Nueva York acusó a Guzmán y sus socios de lavado de activos, de haber movido varios millones de dólares del narcotráfico a algunas cuentas bancarias en los Estados Unidos. Delitos tan graves como los que cometió Murcia Guzmán en territorio colombiano. De inmediato se impone el deseo de las autoridades judiciales estadounidenses de procesar a David Murcia, y se hace efectivo el traslado del reo, sin que ni siquiera haya sido cancelada la multa de 24.850 millones de pesos que le fue impuesta por el juez Reyes.
Por eso retorna la eterna discusión de la colaboración con las autoridades colombianas con sus homólogas de Estados Unidos. Muchos insisten en que tan pronto Murcia cumpla su condena, regresará a una cárcel colombiana y se pondrá en regla con la justicia. Lo cierto es que lo sucedido en el caso de 14 jefes paramilitares extraditados en 2008, con la promesa gubernamental de que desde allá colaborarían con las víctimas y en los procesos de Justicia y Paz, sólo deja un saldo de silencio y dilaciones. Para la mayoría, se hizo justicia pero se sacrificó la verdad.
Total que no es mucho lo que deben esperar ahora tanto las cerca de 194.000 personas afectadas por DMG, respecto a una remota compensación de sus pérdidas, como aquellos que esperaban que salieran a flote los nexos no develados de Murcia Guzmán. El dinero e inmuebles hasta ahora incautados por el Estado no serán suficientes para resarcir los daños económicos causados, y las pesquisas judiciales e investigaciones disciplinarias contra abogados, políticos o defensores de la comercializadora ilegal, corren el riesgo de perder importancia con el paso del tiempo o definitivamente pasar al olvido.
En conclusión, con la extradición de David Murcia queda el mismo sinsabor de la justicia colombiana desplazada por la norteamericana. Con toda seguridad Murcia será castigado, pero sus verdades se van con él y en un país que vio cómo más de 194.000 personas fueron defraudadas, justo sería también que se sepa quiénes fueron los auxiliadores del controvertido cerebro de DMG.