El concejal de Bogotá Carlos Vicente de Roux le solicitó al secretario de Movilidad, Fernando Álvarez, aplazar la licitación del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), pues según el cabildante hay una serie de inconsistencias en los prepliegos y en la minuta del contrato que afectan a los pequeños transportadores.
La administración distrital espera publicar los pliegos definitivos en el mes de enero. Los proponentes contarán con aproximadamente tres meses para presentar sus postulaciones, es decir hasta abril, y se espera firmar los contratos hacia mediados de año, para empezar la operación en febrero de 2011.
De Roux aseguró que lo más conveniente para que el proceso sea democrático es que se amplíen estos plazos. Insistió en la importancia de garantizar que los pequeños propietarios de vehículos de transporte público, así como los conductores y microempresarios, puedan participar de las oportunidades de negocio que generará el SITP, y le formuló al secretario de Movilidad algunas observaciones y preguntas sobre el proceso.
Para el Concejal resulta inconveniente que un sólo concesionario pueda controlar hasta tres zonas de operación, de las 13 cuencas. "Situaciones de esta clase generarían inequidad y pondrían a la entidad contratante y a los entes de control y regulación en riesgo de ser capturados por los contratistas".
"En los prepliegos también se encontraron otras condiciones que de no revisarse a profundidad podrían terminar favoreciendo a las empresas más grandes del servicio masivo actual. Un claro ejemplo, son los 30 puntos que se otorgarán por la vinculación de empresas de transporte masivo, requisito que sólo podrán cumplir las siete operadoras de las actuales troncales de Transmilenio", agregó.
Otro punto que preocupa al Concejal es el hecho de que la licitación de las 13 zonas del Sistema se realice al mismo tiempo, "en vez de haber optado por un proceso de contratación por fases que permitiera aprender de los aciertos y errores de las primeras etapas, e incorporar las condiciones variables de la infraestructura y la movilidad de la ciudad, así como los riesgos que se puedan presentar en la operación".
"No se entiende por qué en un proceso de este tipo se les exige a las empresas experiencia en consecución de financiación, esto puede convertirse en una barrera infranqueable para los pequeños propietarios de buses, que terminaría beneficiando a otro tipo de agentes económicos", concluyó el Cabildante.