Y —como con su prima hermana, la licitación para la operación del relleno sanitario Doña Juana— las demoras en el proceso comienzan a generar suspicacias por el posible encauzamiento en favor de alguno o algunos de los oferentes, en particular en este caso los actuales operadores, frente a un negocio que representa $2,5 billones por la concesión del servicio durante siete años.
Si bien no pasan de ser rumores sin prueba alguna, seguramente alimentados por los mismos interesados en obtener la concesión, lo cierto es que el monto de la licitación justifica la mirada, inquisidora si se quiere, de concejales, ciudadanos y medios de comunicación, como ha empezado a suceder.
Ahora bien, rumores aparte, se han escuchado también frente a este proceso en ciernes los argumentos de la industria del transporte de carga, que no se explica por qué se le impide participar en dicha licitación. Valdría la pena que la administración distrital escuchara a sus voceros —se quejan de que no los reciben—, tanto más cuando uno de los puntos centrales de su argumentación es que se podría abaratar significativamente el costo de la concesión.
La operación de barrido de vías publicas, recolección domiciliaria y la de grandes productores, el corte de césped, de árboles y la limpieza de zonas públicas son ante todo una operación logística de transporte, que se desarrolla con equipos especiales, complementada con un importante soporte de mano de obra, intensiva en la actividad de barrido y corte de césped o árboles en las zonas públicas. Del total de los ingresos de los concesionarios, se estima que 65% corresponde a la remuneración por la operación de transporte. El restante 35% se aplica al pago de mano de obra, actividades complementarias, gastos administrativos, financieros, impuestos y a la utilidad de los operadores.
Resulta bastante paradójico entonces, por decir lo menos, que no pueda ofertar ninguna de las 1.600 o más empresas de carga que existen en el país y que están autorizadas por el Ministerio de Transporte para llevar “todo tipo de mercancías” —¿por qué la basura no se considera una de ellas?—. Las licitaciones para la escogencia de los operarios se han estructurado, en efecto, definiendo como condición la experiencia en el manejo de basuras, lo cual las bloquea. No resulta lógico pensar que una transportadora que lleva por todo el país carga de diverso tipo, por ejemplo químicos peligrosos o que requieren manejos especiales, sea incapaz de recolectar y transportar basuras.
Estimativos indican que el precio por tonelada de la ruta más rentable de transporte en el país, según los fletes aprobados por el mismo Ministerio de Transporte, es dos veces inferior a lo que obtienen, por el solo rubro de transporte de la basura, los operadores actuales en la capital de la República.
Las leyes y los decretos vigentes que regulan la contratación pública exigen la no limitación a la competencia y la búsqueda de los mejores precios en los procesos licitatorios. Ninguna de estas obligaciones se cumple con este bloqueo a la participación de la industria del transporte de carga, que posibilitaría un mejor nivel de competencia y una prestación más económica de un vital servicio, hoy altamente costoso para los miles de usuarios de la ciudad.
Y, claro, si el bloqueo coincide con los rumores sobre un supuesto interés por direccionar la licitación para favorecer a los actuales operarios, el asunto preocupa más.