En general la mayoría de las medidas originadas en el Ministerio de Protección Social son confusas, inconvenientes y contradictorias. En uno de los decretos se interviene la autonomía profesional de los médicos, lo que constituye un atropello sin antecedentes contra la profesión médica, pues obliga a emplear protocolos que principalmente buscan controlar costos. Es como si a los ingenieros se les obligara a emplear únicamente mezclas baratas en la construcción de obras, sólo que en este caso se trata de la salud de los ciudadanos.
La intervención en el precio de medicamentos e insumos rebasa toda lógica de mercado. Se pretende fijar límites a los márgenes, en lugar de emplear adecuadamente medidas de regulación de precios si fuere necesario. Sus efectos no se harán esperar, con consecuencias funestas sobre la calidad de elementos tan esenciales para la salud de la población. Además, contribuirá a desestimular la inversión extranjera y la participación del sector privado.
La forma como se pretende limitar el alcance del POS, labor que no ha realizado el Gobierno a pesar de tener los mecanismos, como ya lo ha señalado la Corte Constitucional, es inconveniente y creará una enorme confusión que afectará los servicios. El mecanismo diseñado para acceder a los procedimientos de mediana y alta complejidad y a lo que no está incluido en el POS, que implica una investigación de la capacidad de pago del paciente y su familia, es un engendro sin lógica. La mayoría de los casos de procedimientos urgentes no podrían esperar ese proceso burocrático de meses. Y, como siempre, los más pobres llevarán la peor parte pues la limitación a la tutela les cerrará posibilidades.
En otro decreto se busca fortalecer la Superintendencia de Salud otorgándole poderes que exceden el ordenamiento jurídico y atropellan el derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia. Años de deuda en acciones que el país ha esperado y que por su ausencia han permitido el progreso de la corrupción no se pueden solucionar por la puerta de atrás.
Los decretos originados en el Ministerio de Hacienda, que en general buscan nuevos recursos para la salud, corresponden a una lógica social. Sin embargo, tratándose de temas que desde hace muchos años han sido planteados vale la pena preguntarse por qué no se había dado este paso anteriormente. Tal vez porque su trámite en el Congreso habría sido muy difícil, argumento que carece de valor constitucional.
Más allá de todas las consideraciones anteriores se debe reflexionar sobre la esencia de la emergencia social. ¿Acaso alguna de las situaciones que se pretende remediar no estaba cantada desde años atrás? El Gobierno estaba alertado de la situación financiera que se avecinaba. Muchas de las situaciones fueron abordadas por la Ley 1122 de 2007, pero el Gobierno se demoró en implementarlas o lo hizo sólo parcialmente.
Se han introducido, pues, muchas reformas inconvenientes que afectarán negativamente la prestación de servicios de salud y por tanto los derechos de los ciudadanos. Tampoco conviene que se pretenda presentar, cual si fuera parte de una campaña electoral, el aumento de los recursos para la salud como un gran logro, cuando cabe más bien preguntarse por qué no se hizo antes. Valdría también cuestionarse si lograr en 2010 la cobertura universal que la Ley 100 pretendió para hace más de 10 años es una gran victoria o si la igualación de los planes que la Corte Constitucional ordenó con la sentencia T 760 se está realizando de la manera como se estableció.
Si esta emergencia era necesaria y es conveniente, el país tendrá que determinarlo en las próximas semanas en un debate que seguramente será muy polémico y que tendrá implicaciones políticas innegables, para lo cual sería bueno conocer los estudios técnicos en que se apoyan y el proceso que se siguió para la elaboración de las medidas.