El ministro de Defensa, Gabriel Silva, se unió al polémico llamamiento del presidente Álvaro Uribe al pedir a los ciudadanos que se unan a las redes de informantes del Ejército, aunque dijo que los estudiantes menores de edad no serán aceptados.
"Aprovecho para convocar a todos los ciudadanos, estudiantes, amas de casa, profesores, empresarios y tenderos para que entendamos la seguridad ciudadana como una obligación colectiva" , añadió, después de que Uribe ofreciera unos 50 dólares a los estudiantes de la ciudad de Medellín por información sobre redes criminales.
Agregó que "la Fuerza Pública en ningún momento tiene la más mínima intención de incorporar a menores de edad en estas actividades".
Silva agregó que la propuesta de Uribe busca impulsar "la política de cooperantes bonificados que ha tenido un inmenso impacto positivo en la recuperación de la seguridad ciudadana en todo el país".
Este anuncio generó una fuerte polémica en Colombia, donde la ONG Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) señaló que la red de informantes que fomenta el Gobierno "viola el derecho internacional humanitario" porque "no tiene ningún control civil".
"Estas redes generan riesgo para la población civil y queremos saber si el presidente de la República va a asumir la responsabilidad de las personas que vayan a ser asesinadas por esa decisión" , dijo el presidente de Codhes, Jorge Enrique Rojas, en una rueda de prensa.
Agregó que "hay muchos casos de crímenes de la guerrilla motivados por ese argumento" y puso como ejemplo los asesinatos de indígenas awá por las Farc, que acusan a los nativos de ser informantes del Ejército y acaban con sus vidas.
El ofrecimiento de dinero a estudiantes a cambio de información además fue criticado por el aspirante presidencial independiente y ex alcalde de Medellín Sergio Fajardo, quien lo calificó de "un error monumental porque va en contravía de lo que tiene que ser la educación"
El también candidato a la Presidencia por el Partido Liberal (oposición) , Rafael Pardo, dijo que se trata de un "anuncio desesperado" que muestra que la situación de violencia en Medellín se salió de control.
Según Medicina Legal (forense) , en 2009 hubo 2.178 homicidios en Medellín, lo cual representa un aumento del 108 por ciento frente a los 1.044 delitos de este tipo registrados el año anterior.
Las redes de informantes civiles están contempladas en la Política de Seguridad Democrática, implementada por Uribe cuando llegó al poder en 2002 y que ha sido desde entonces el eje de su gestión en la lucha contra las guerrillas.