Por su presunta responsabilidad en una ejecución extra judicial cometida bajo la modalidad denominada en Colombia como "falso positivo", fue cobijado con medida de aseguramiento el ex comandante del Gaula del Ejército en Córdoba, Antonio Rozo Balbuena, por decisión de la Fiscalía General de la Nación.

Para el ente acusador, hay material de prueba que indica que el uniformado es responsable del delito de homicidio en persona protegida.

Un Fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos determinó que el asesinato del civil Fabio Enrique Taborda Ávila y el de un N. N. en encontrado en el lugar de los hechos no se produjo como consecuencia de los combates entre el Ejército y grupos del crimen organizado, como lo señalaron los protagonistas de la acción.

La investigación puso en evidencia que los hechos ocurridos el 12 de marzo de 2007, en los cuales fueron ultimados los dos ciudadanos, terminaron siendo la consecuencia de un crimen planeado previamente en Certé y San Pelayo, Córdoba, con el fin de que las autoridades reconocieran a los occisos como militantes de organizaciones al margen de la Ley.

Quienes adelantaban las indagaciones descartaron que el aludido enfrentamiento se hubiera escenificado y precisaron que el fusil "hechizo" incautado en el lugar de los homicidios no estaba en condiciones de uso, lo cual significó un argumento adicional en la construcción de esta tesis.

En un comunicado de prensa, la Fiscalía General de la Nación señaló que en contra de Rozo Balbuena cursan otras siete investigaciones relacionadas con el mismo tipo de ejecución extrajudicial.