Su informe, bastante negativo, viene precedido de una serie de denuncias hechas por la prensa y reconocidos grupos de investigación que alertan de tiempo atrás sobre la preocupante situación que atraviesan las comunidades afrodescendientes.
Primero lo básico: ni siquiera sabemos cuántos negros habitan el país. La Encuesta de Hogares 2004 plantea que el porcentaje de la población afrodescendiente representa el 1,2%. Otro escenario se deriva del Plan de Desarrollo de los afrocolombianos 1998, en donde se discute una cifra del 27%. El censo realizado en 2005 arrojó por resultado un total de 4’311.757 negros, que corresponderían al 10,4% de la población. Y la Defensoría del Pueblo, a quien cita la relatora McDougall, va hasta los 10,5 millones, para un 25%. Con estas anomalías en los números, no se entiende de qué manera puede el Gobierno de turno atinar en la planificación de sus políticas públicas pero queda claro, desde ya, el poco interés que reviste esta minoría y la discriminación de la que es objeto.
De aquí puede pasarse al diagnóstico general que no por repetido debe estar exento de la discusión. Un documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalaba el año pasado que la historia de la población afrocolombiana la definen la invisibilidad y la exclusión, así como las desventajas sociales y económicas que afectan sus derechos fundamentales. En materia de indicadores socioeconómicos, los suyos están entre los más bajos: baste constatar que su tasa de mortalidad duplica la del resto del país, que 44 de cada 1.000 niñas negras mueren antes del primer año de vida y que el 14% de los afrocolombianos pasaron, como mínimo, un día entero sin comer en la semana del censo de 2005.
Como nota positiva, el informe de la CIDH destaca los avances legislativos y administrativos implementados por el Estado colombiano desde que la Constitución de 1991 reconoció los derechos de los afrodescendientes y la Ley 70 de 1993 hizo explícito que sus dominios territoriales son de carácter inalienable, inembargable e imprescriptible. Una realidad jurídica de avanzada, es cierto, pero que bajo el gobierno del presidente Uribe no ha sido lo suficientemente respetada.
Según el análisis de Fernando Urrea, de la Universidad del Valle, cerca de la mitad de los afrocolombianos del Litoral Pacífico fueron desplazados por la violencia y el conflicto interno. Otra investigación, esta vez liderada por César Rodríguez, de la Universidad de los Andes, constata que el desplazamiento ha afectado particularmente a los negros: tomando como cifra definitiva la del censo de 2005, un 1,4% de esta población habría sido desplazada, seguida de una proporción, igualmente grave, de 1,27% de indígenas y 0,68% de mestizos.
Ahora que se discute en instancias gubernamentales la posibilidad del retorno a las tierras que les fueron usurpadas a las negritudes, difícilmente se confirma el discurso de la calma y el posconflicto que seguiría a la desmovilización del paramilitarismo. Hacia este último punto dirige su mirada la relatora McDougall, quien no dudó en alertar sobre la permanencia de los violentos, acaso con otro ropaje. Y es que, en efecto, ya no se cometen masacres o crímenes demasiado visibles, pero persisten los asesinatos, en su modalidad selectiva, las amenazas y las desapariciones.
Todo porque en las tierras que constitucionalmente les pertenecen se abren paso planes de desarrollo agroindustriales frente a los que el Gobierno guarda silencio. Es así como el cultivo de palma de aceite, la extracción maderera, la minería y la ganadería extensiva, entre otras, impiden la aplicación de las leyes que se suelen esgrimir para hacer creer que Colombia sigue siendo un país en el que se respeta la diversidad.