Los resultados ciertamente no fueron los esperados. Quedó consignado en un documento de análisis que esta era una zona vacía, desértica, acaso desprovista de humanos. La negación de los wayús trajo como consecuencia el que las obras de infraestructura destruyeran varios de sus cementerios. Una tragedia para este grupo étnico, el más numeroso del país, en cuya cosmovisión dos entierros son imprescindibles y entre el primero y el segundo los difuntos deambulan por el mundo.
Esta, que ya es una anécdota propia de los años ochenta y el inicio de la explotación del carbón, da cuenta de lo antigua y compleja que es la polémica abierta tras la decisión de la alcaldesa de Cartagena, Judith Pinedo Flórez, de suspender las operaciones de cargue, descargue y acopio de carbón en Puerto Mamonal S.A. En reacción a una protesta efectuada por cerca de 200 trabajadores de la empresa atunera Seatech Internacional, vecina de Puerto Mamonal S.A., la alcaldesa procedió a hacer una inspección ocular de las instalaciones para certificar la existencia de polvillo de carbón en el área administrativa, los pisos, árboles y otras superficies como cajas y productos.
El decreto 0157, por medio del cual la Alcaldesa, haciendo valer sus legítimas funciones policivas, ordena la suspensión de actividades en el muelle, no parece requerir demasiadas justificaciones. Hay quienes se preguntan si no ha debido acercarse a las entidades ambientales locales antes de pasar a las sanciones y están también los que insisten en que la atunera en cuestión no está exenta de incurrir en daños ambientales. Ideas discutibles, nadie lo niega, pero que no le restan importancia a la valerosa decisión que acaso sirva de mensaje para quienes hacen caso omiso de las reglas ambientales. Y es que es paradójico, de entrada, que dos actividades tan disímiles como lo pueden ser la exportación de carbón y el manejo de alimentos se encuentren cuerpo a cuerpo en la misma plataforma de trabajo.
Esta será, a fin de cuentas, otra anécdota que hará historia. Como también hizo carrera no hace mucho la idea de construir en la isla de Barú otro puerto para la exportación de carbón. Contaba con el visto bueno de los ministros de Minas y Transporte y se intuye que desde la Alcaldía de ese entonces se le había dado rienda suelta a la posible modificación del Plan de Ordenamiento Territorial para asegurar el cambio de uso en el suelo de la isla. A tiempo, nuevas y menos erráticas autoridades ambientales intervinieron para impedir el exabrupto. Pero queda claro que, bajo la mirada de autoridades cómplices, se insiste en sacar el carbón por donde se sabe que los efectos negativos serán mayores. Y en esta ocasión, hay que decirlo, irreversibles, porque de nada valen las multas cuando se trata del cuidado de playas blancas y mares cristalinos.
Colombia exporta al año cerca de 70 millones de toneladas de carbón. Los réditos de una actividad económica como esta son enormes. Algunos reconocidos analistas ya han planteado que la economía colombiana se está transformando, se está convirtiendo en una economía minera. Los riesgos son materia de otra reflexión, pero alarma constatar que, en lo ambiental, estamos lejos de reaccionar. Con respecto al carbón de nada sirvieron las malas experiencias anteriores en el departamento del Magdalena. Seguimos sin la infraestructura requerida y, como en el caso que valientemente detuvo la alcaldesa de Cartagena, las promesas de mejoras llegan después de emitidas las licencias ambientales.
Entre tanto, los defensores del negocio carbonífero, tan proclives a consideraciones del tipo de “el problema es más visual que físico”, ofenden con sus eufemismos.