El fiscal General de la Nación (e), Guillermo Mendoza Diago, precisó que los aseguramientos con brazalete electrónico están presupuestados para quienes hayan sido condenados por delitos menores o estén siendo investigados por delitos de similar naturaleza, que no sean de alta peligrosidad, como lo era "Kener".

El alto funcionario judicial precisó que el problema no radica en el sistema, que es efectivo, sino en quienes lo están ejecutando, que son quienes cometen los errores y llevan al traste el propósito de administrar justicia, de manera efectiva.

Agregó que la Fiscalía no será ajena a las investigaciones que se deben adelantar por la fuga de este sicario de la llamada "Oficina de Envigado", pues aún cuando la seguridad del detenido le era propio al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, no se pueden descartar irregularidades de parte de otros actores.

Mendoza Diago desestimó que sea la interinidad en la Fiscalía la que haya provocado este suceso, pues se sale de la órbita de la competencia del ente acusador, que no está encargado de la vigilancia de los reos, aún cuando se trate de prisión o detención, en calidad domiciliaria.

Además, aclaró, esa medida se dio en virtud de numerosos conceptos del Instituto Nacional de Medicina Legal, que es un organismo que no depende de la Fiscalía.