No obstante la gravedad de los hechos, aún no se conoce de responsabilidades políticas. Y todo indica que no las habrá, como se deduce de las declaraciones del presidente Uribe y sus más cercanos colaboradores en el sentido de que, en el caso de las ‘chuzadas’ a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la orden no provino de la Casa de Nariño.

Otra cosa se infiere, sin embargo, de las pruebas de la Fiscalía contra cinco funcionarios y ex funcionarios del DAS. Durante la audiencia de legalización de las capturas de los sindicados por interceptaciones, el fiscal Misael Rodríguez sostuvo que el DAS, durante la gestión de María del Pilar Hurtado como directora, tenía un infiltrado que les hacía seguimiento a las labores de los magistrados y las diligencias judiciales que se adelantaban en materia de parapolítica. También se supo del testimonio de un testigo que afirmó que hubo dos reuniones en la Casa de Nariño a las que habrían asistido funcionarios del organismo de inteligencia y personal de la Casa de Nariño. La Fiscalía, por primera vez, estaría contradiciendo la palabra presidencial. Todo hace suponer que seguimientos e interceptaciones no eran actividades que el DAS realizara de manera independiente, como hasta ahora se ha asegurado.

Todo lo cual contrasta vivamente con el concepto de la Procuraduría que el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, sacó a relucir en estos días para justificar la inocencia de los funcionarios de Palacio. Con la misma información disponible, Procuraduría y Fiscalía llegan a conclusiones diametralmente opuestas. Suena conocido con otros procesos en marcha.

Con todo, empieza a esclarecerse un episodio de la historia política contemporánea tan o más oscuro que el Proceso 8.000, la parapolítica y la yidispolítica. No hay que olvidar que Jorge Noguera prácticamente convirtió al DAS en fortín de la parapolítica. El propio Noguera aceptó que desde ese organismo  se hacía seguimientos y amenazaba a periodistas, sindicalistas y miembros de ONG. También afirmó que el polémico José Miguel Narváez fue nombrado subdirector por iniciativa del presidente Uribe. A Narváez la Fiscalía le imputó cargos por concierto para delinquir, utilización ilícita de equipos, violación ilícita de comunicaciones y falsedad en documento. La semana pasada fue apresado Gian Carlo Aunque D'Silvestri, secretario general del DAS, cercano a Noguera y quien ocupó por un tiempo la jefatura de inteligencia en calidad de encargado. Ahora son Fernando Tabares y Jorge Alberto Lagos, directores de inteligencia y contrainteligencia durante la administración de Andrés Peñate, a quienes se les dictó medida preventiva de aseguramiento y se les imputaron los delitos de concierto para delinquir, prevaricato y abuso de autoridad.

Este es, pues, un capítulo nefasto de la historia  reciente colombiana en el que la justicia da sus primeros pasos. Con seguridad que tardaremos bastante tiempo en armar todas las piezas del macabro rompecabezas por el que más de un opositor perdió la vida y muchos fueron los criminales que se lucraron con información recabada por el Estado. Pero distractivos como el del proyecto de ley que pretende cambiarle el nombre al DAS por el de Agencia Central de Inteligencia no borrarán una sola de las infames transgresiones que se cometieron desde este órgano adscrito a la Presidencia.