El capitán era inocente, pero el consejo de guerra que lo acusó se celebró a puerta cerrada y bajo el arbitrio ideológico de un ejército que daba muestras de antisemitismo. No obstante el que se descubriera al verdadero traidor, el ejército se negó a rectificar sus denuncias. El proceso Dreyfus no tardó en copar la atención de valientes partidarios, políticos e intelectuales, quienes tomaron partido en defensa del calumniado capitán. El propio Émile Zola fue condenado. La sociedad francesa se dividió, como también le ocurrió a la europea, entre dreyfusistas de un lado y antidreyfusistas del otro. Entre liberales y progresistas defensores de los Derechos Humanos contra monárquicos, reaccionarios, antisemitas y clericales.
Igual ocurre hoy, en el centro de España, con las acusaciones que se ciernen sobre el juez Baltasar Garzón. Se le acusa del delito de prevaricación —dictar a sabiendas una resolución contraria a derecho— por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo denunciados por particulares y asociaciones defensoras de la recuperación de la memoria histórica. Argumentan sus querellantes, que no son otros que las organizaciones ultra derechistas Manos Limpias, Libertad e Identidad y Falange Española, que se pasó por alto la ley de Amnistía de octubre de 1977 y que la Audiencia Nacional, de la que Garzón es juez, no está habilitada para investigar y juzgar los crímenes de genocidio y lesa humanidad cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
El Juez del Tribunal Supremo que instruye la causa contra Garzón, Luciano Varela, se ha mostrado poco receptivo con la defensa. Rechazó la declaración textual de los tres magistrados de la Audiencia Nacional, quienes ratificaron que el procesado era competente, y desestimó la petición de testificación del ex fiscal anticorrupción, del Fiscal de la Audiencia Nacional, de la ex fiscal Jefe del Tribunal Penal Internacional de la ONU y los abogados de los familiares de los desaparecidos. No hay, pues, jurista internacional que pueda intervenir en esta persecución contra el que se ha convertido en uno de los mayores defensores de la memoria histórica y la verdad asociada a pasados dolorosos.
De prosperar la acusación, el juez Varela podría imputarle al juez Garzón una pena de 12 a 20 años de inhabilitación profesional. A sus 54 años, poco más que la muerte técnica. Un golpe duro para las víctimas del franquismo, para los familiares de los más de 100.000 desaparecidos y las madres de los 30.000 menores de edad que fueron secuestrados. Un escarmiento para los jueces que intenten emular el valeroso trabajo del juez español. Un triunfo para quienes están interesados en que se desconozca el pasado, aquellas élites que de una u otra forma se han lucrado de cuatro décadas de corrupción política y económica franquista. Y una verdadera afrenta para la aplicación del Derecho Penal Internacional y la posibilidad de brindar justicia en los crímenes cometidos contra la humanidad.
Puede que el juez Garzón, como sostienen algunos de sus críticos, dé muestras de una inusitada predilección por afamados casos que involucran sobreexposición mediática. Se le ha acusado de protagonismo, incluso de extralimitación en sus funciones. Pero estos no son motivos reales que disuadan a la enorme cantidad de personas que lo apoyan y desean que continúe con sus labores. Este es un juicio que, como en el caso del capitán Dreyfus, dividirá a Europa. No le compete únicamente a España. De hecho, es también un debate de interés internacional.