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Los médicos colombianos no deberán someter sus determinaciones a la regulación de un comité científico, luego de que la Corte Constitucional echara abajo el decreto 131 de la emergencia social, que buscaba supeditar la autonomía de los profesionales de la salud al concurso de este grupo de expertos.
De esta manera, la Corporación empezó a ejecutar la avalancha de inexequibilidades que irán poniendo fin a todas las disposiciones ordenadas por el Ejecutivo en el curso de la emergencia social, como quiera que ese alto tribunal la encontró inconstitucional.
El decreto promovía la creación de un grupo calificado que fijara criterios y generara un marco normativo para los galenos de todo el país, en la búsqueda de la delimitación de cada una de sus actuaciones.
De la misma manera, imponía sanciones a los médicos que omitiesen alguna de las medidas ordenadas por este comité científico, lo que había generado fuertes polémicas en el seno del sector salud y vehementes reclamaciones por parte de los usuarios.
A su turno, la Corte deberá valorar cada uno de los demás decretos emitidos por el Ejecutivo dentro del estado de excepción convocado en diciembre de 2009 y que, a sus ojos, careció de sustento constitucional, toda vez que la crisis de la salud se debía a causas estructurales y no a hechos intempestivos que amenazaran el orden económico, social o ecológico de la Nación.