De ser aceptada una acción de tutela en contra de la Secretaría de Movilidad, se abrirían las puertas a que centenares de comparendos quedaran sin vigencia, poniendo en riesgo millonarios recursos con los que esperan contar las autoridades, tras la reformulación de los límites de velocidad en las ciudades; así lo prevé el accionante, el abogado Augusto Ocampo.
El jurista, ex magistrado auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura, insiste en que el principio de favorabilidad que cobija a los infractores, recientemente reivindicado por el Consejo de Estado, dejaría sin efecto alguno gran parte de los comparendos impuestos por el sobrepaso de límites de velocidad que hoy son superiores.
"Para dar cumplimiento al mandato constitucional y aplicación al principio de favorabilidad basta con que en el momento de definir administrativamente sanciones procedentes respecto de cada uno de los correspondientes infractores de las normas sobre transporte, se de aplicación a las disposiciones de las normas que resultan más favorables para ello" señala un auto de la Sala de Consulta del Consejo de Estado del 16 de octubre de 2002.
Ocampo acudió al Juez 13 Civil Municipal de Bogotá, apelando a sus derechos fundamentales de habeas data y buen nombre por el hecho de que su nombre aparezca registrado en las bases de datos de la Secretaría de Movilidad, en calidad de infractor, como quiera que recibió un comparendo por exceso de velocidad en virtud de una norma hoy inexistente.
El ex magistrado insiste en que la reglamentación de la Ley 1239 de 2008, a través de una resolución expedida en 2010, sumado a esta aplicación del principio de favorabilidad, es el argumento jurídico que no sólo ampara su reclamación sino que frenaría la vigencia de una suma multimillonaria de multas de tránsito que fueron emitidas bajo estos mismos principios, ya caducos con estas normas.