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Gobierno le responde a Contraloría por contratos de brazaletes

El Ministerio del Interior dijo que no hay incumplimientos del Inpec, como lo señaló el ente de control, sino que el proceso está en marcha.

El Espectador
07 de mayo de 2010 - 06:13 p. m.

De acuerdo con el comunicado del Ministerio del Interior, "debe aclararse que los avances de dichas averiguaciones hacen parte de una indagación que aún está en curso, sin que la misma se considere concluida, razón por la cual,  esta cartera no ha sido notificada oficialmente de ninguna decisión relacionada con este proceso".

Este es el comunicado de esa cartera:

Según registros de los medios de comunicación  y las declaraciones entregadas por el Señor Contralor General de la República, Julio Cesar Turbay Quintero, el Ministerio del Interior y de Justicia tuvo conocimiento de los primeros avances de las averiguaciones que adelanta el Grupo de Reacción Inmediata de la Contraloría General de la República, con respecto al convenio interadministrativo No. 337 de 2008, para la implementación del programa piloto “Sistemas de Vigilancia Electrónica como Sustitutivos de Prisión y Detención Domiciliaria”.
 
Consultada previamente la Contraloría General de la República, debe aclararse que los avances de dichas averiguaciones hacen parte de una indagación que aún está en curso, sin que la misma se considere concluida, razón por la cual,  esta cartera no ha sido notificada oficialmente de ninguna decisión relacionada con este proceso.
 
No obstante, y con el propósito de dar claridad a la opinión pública sobre el proceso de implementación del Sistema de Vigilancia Electrónica, este Ministerio reiterando lo expresado en rueda de prensa realizada el día 10 de marzo del presente año, se permite informar a la opinión pública que:
 
1. El contrato de arrendamiento para la ejecución del proyecto fue suscrito con la empresa de servicios públicos de Manizales “Gestión Energética S.A., -‘GENSA ESP’-, en noviembre de 2008 por un valor de $39.756.963.497 millones de pesos, el cual se paga por dispositivo electrónico efectivamente instalado.
 
2. La vigilancia electrónica está prevista en la legislación nacional desde la Ley 65 de 1993, pasando por el código de procedimiento penal vigente (art. 307 de la ley 906 de 2003), y por la ley 1142 de 2007. En este contexto se había estado en mora por cerca de 15 años, para hacer efectiva esta medida que contribuye no solo a un mejor control sobre quienes han sido beneficiados por la detención o la prisión domiciliaría, sino como un mecanismo novedoso para el deshacinamiento y la resocialización de la población reclusa.
 
3. Si bien en la actualidad hay 3.862 dispositivos instalados, desde la firma del contrato en noviembre de 2008 hasta la fecha, se han instalado un total de 5. 468 manillas,  de las cuales por orden judicial han sido retiradas 1.644.
 
4. Para el año 2008, durante la viabilización del proyecto, la población potencialmente destinataria del Sistema de Vigilancia Electrónica ascendía a 18.954  personas que se encontraban en detención y prisión domiciliaria.  Sin embargo según el proyecto de inversión aprobado por Planeación Nacional, los recursos presupuestales solo permitían implementar el proyecto en su fase de prueba piloto para 4.962 personas.
 
5. Del valor total del contrato se han cancelado $12.513 millones de pesos, de los cuales $4.721 millones fueron por concepto de amortización del anticipo, el cual correspondió a 15 mil millones de pesos, suma equivalente al 37,7% del total del contrato, la cual es inferior a la permitida por la ley 80 de 1.993 (art.40) para este concepto, el cual no puede exceder el 50% del valor del contrato.
 
6. El proceso de contratación para la ejecución de dicho proyecto se realizó a través de convocatoria pública, además,  con el propósito de garantizar mayor transparencia y participación en la ejecución del proyecto, se convocó mediante 2 avisos de prensa y en la página web institucional del Ministerio a todas las entidades públicas que dentro de su objeto social tuvieran la ejecución de actividades de telecomunicaciones para presentar propuestas.
 
7. Como lo ha asegurado en repetidas ocasiones el Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio,  “para el INPEC es imposible custodiar a diario a las cerca de 22 mil personas que tienen el beneficio de casa por cárcel, ya que hablándolo en carta blanca, no tiene un control efectivo. Y el único control que es eficaz y oportuno es la manilla de vigilancia electrónica".
 
8. El Sistema de Vigilancia Electrónica está soportado en una plataforma técnica de última generación, totalmente confiable, que garantiza el servicio continuo a los usuarios del sistema, permitiendo un control total durante las 24 horas del día, los 365 días del año.
9. El Sistema es administrado y operado directamente por el INPEC desde un Centro de Monitoreo ubicado en la ciudad de Bogotá, y un Centro Alterno ubicado en la ciudad de Pereira, operados por un equipo humano y técnico debidamente capacitado para garantizar el seguimiento y la vigilancia adecuados a las personas que portan el brazalete.
 
10. Debido a que la implementación de los dispositivos electrónicos es un proyecto piloto a tres años, el Ministerio del Interior y de Justicia conjuntamente con el INPEC y el Departamento Nacional de Planeación vienen evaluado las fortalezas y las posibles debilidades del mismo.
 
11. Como resultado de esta evaluación, se decidió de mutuo acuerdo  la ampliación del término inicial del convenio hasta el 10 de diciembre de 2010, así como el incremento del porcentaje de amortización del anticipo, pasando del 37.7 % al 50% a partir del 30 de abril de 2010.
 
12. Con lo anterior y teniendo en cuenta que el convenio está aún vigente, al igual que las pólizas exigidas por la ley para amparar la ejecución de su objeto y el buen manejo del anticipo del mismo,  se busca prevenir cualquier riesgo eventual y la continuidad de un servicio que viene demostrando ser beneficioso para controlar la detención y la prisión domiciliaría, siempre y cuando, como lo ha advertido este Ministerio, dicho beneficio se conceda por parte de los jueces  a personas que no revistan alta peligrosidad para la comunidad, de acuerdo con lo previsto en la legislación penal.
 
Bogotá, viernes 7 de mayo de 2010.

Por El Espectador

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