No sólo está promoviendo una ambiciosa agenda legislativa, que incluye varias reformas estructurales, sino también aprobando muchos proyectos —supuestamente estratégicos— que comprometerán una fracción sustancial de los presupuestos del próximo gobierno. La ley colombiana ordena que cada nuevo gobierno presente, en sus primeros cien días, las bases del Plan de Desarrollo. Pero el actual parece dispuesto a ahorrarle esa tarea a su sucesor. Como van las cosas, el gobierno que termina decidirá por anticipado muchos proyectos y programas prioritarios. No se trata de raspar la olla, sino de algo distinto: de imponerles el menú a los comensales que apenas llegan.
En relación con los proyectos legislativos, cabría mencionar, entre otros, un proyecto de reforma a la justicia, otro de reforma a la Ley 30 de 1992 que determina la distribución de los recursos entre las universidades públicas, un proyecto que reglamenta el acto legislativo que prohibió el consumo de drogas ilícitas, un proyecto de reforma constitucional para permitir la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores, y una reforma al sistema de salud que revive varios de los polémicos decretos de emergencia. Llama la atención que se pretenda hacer en unos pocos meses lo que no se hizo en varios años. No parecería demostrar con sus hechos la insistencia del presidente Uribe en que el tiempo invertido en las reelecciones no detuvo el trabajo del Ejecutivo en estos ocho años.
Usualmente los gobiernos salientes les entregan a sus sucesores borradores de proyectos de ley para que los recién llegados, en su buen juicio, los modifiquen. Pero el actual rompió esta tradición y decidió llevarlos al Congreso. Si son aprobados tendrán que ser retomados por el entrante, lo que le restaría flexibilidad y margen de maniobra.
La ley colombiana ordena que los proyectos que requieren recursos más allá del actual período presidencial tengan que ser declarados estratégicos por el Consejo de Política Económica y Social (Conpes). Y eso es lo que ha hecho el Conpes en las últimas semanas, a saber, declarar más y más proyectos como estratégicos. Una lista corta incluye, entre otros: los sistemas de transporte público de pasajeros de Valledupar, Montería y Sincelejo, las adiciones a los contratos de las concesiones viales Córdoba-Sucre, Ruta Caribe, Briceño-Tunja-Sogamoso, la llamada Ruta del Sol y la estrategia de gobierno en línea. Seguramente vendrán más proyectos estratégicos en las próximas semanas, entre ellos el metro de Bogotá, el tren de cercanías y el túnel de La Calera, que comprometerán más recursos.
Como si fuera poco, con la anuencia del Gobierno y el lobby del Comandante del Ejército en persona, el Congreso está discutiendo un proyecto de ley para entregar a los generales un sol adicional. Según algunos cálculos preliminares, el proyecto implicaría, sólo en el rubro de pensiones, casi diez mil millones de pesos de mayor gasto anualmente. En el afán de los últimos días todo parece posible.
El Gobierno está empeñado, además, en cerrar varios negocios pendientes. Quiere venderles Isagén a los Fondos de Pensiones y entregarles la operación de sus centrales a las Empresas Públicas de Medellín. Pretende, asimismo, adjudicar el tercer canal, comprar el satélite y vender varias electrificadoras. Ya prorrogó las concesiones del aeropuerto de Cartagena y de la red férrea del Atlántico. Y está promoviendo aeropuertos en la costa y en el centro del país.
Una norma no escrita prescribe que los gobiernos salientes les dejan a los entrantes algunas decisiones económicas y presupuestales de significación. Pero el presidente Uribe no parece dispuesto a acatarla, a respetar un elemental pacto de caballerosidad democrática. Todo lo contrario, el Gobierno pareciera empeñado en definir las leyes, los presupuestos y los negocios antes del 7 de agosto.