El reto, como él mismo lo planteó en el discurso pronunciado durante la 64ª asamblea general, celebrada en Madrid, es notoriamente alto. La prensa en América está asediada por el poder político, en algunos países más que en otros, y por la crisis económica que amenaza con hacer desaparecer más periódicos impresos de los que ya han salido de circulación.

No son retos fáciles. Cuba ha sido señalada de emplear estrictos controles gubernamentales en el uso de internet y de obstaculizar esas nuevas y poderosas herramientas informativas en que se han convertido algunos blogs. Venezuela fue objeto de señalamientos en razón a las “amenazas y atropellos” contra la prensa, la radio y la televisión. El presidente Chávez, como en otras ocasiones, no se ha privado de considerar a la SIP una agencia más del “imperio norteamericano”. La Argentina de Kirchner, en donde la publicidad oficial y la legislación sobre radiodifusión son empleadas por el poder político para discriminar periodistas y medios de comunicación, también recibió llamados de atención. La misma situación de intimidación y control de la libre expresión y el libre derecho a la información se presenta en Paraguay, Uruguay, Honduras, Ecuador, Bolivia y Nicaragua.

Capítulo aparte, por sus connotaciones violentas, México ocupa ahora el deshonroso lugar de “país más peligroso” para la práctica del periodismo. La guerra entre carteles de la droga, que inevitablemente recuerda el capítulo de la historia colombiana en el que periodistas fueron asesinados por su enfrentamiento con la mafia, ha ocasionado la muerte de 69 periodistas y 11 desapariciones desde el año de 1997. La impunidad y la autocensura campean, como ocurre cada que las ideas son combatidas por la fuerza.

Y es que en los últimos veinte años, 344 periodistas han sido asesinados en América. En Colombia, en donde si bien la vigilancia permanente de la SIP ha decretado sin duda mejorías en el acoso y el asesinato de periodistas, siguen siendo 125 los casos de asesinatos cometidos en los últimos 13 años. La impunidad, tras 16 condenas a autores materiales de los delitos y dos más a autores intelectuales, sigue siendo inaudita.

De las cuatro recomendaciones generales que hizo la SIP en su lectura global de la situación de los medios en América, el punto referido al acceso a la información pública es quizás uno de los mayores obstáculos en el caso colombiano. Sin desconocer la importancia de la violencia física contra los periodistas, del deterioro de las relaciones entre Gobierno y prensa y de los usos de fondos públicos para desprestigiar periodistas y medios no oficiales, en Colombia los verdaderos atropellos y vacíos jurídicos se ubican en el acceso a la información que se supone es pública.

Mecanismos consagrados en las leyes para tal efecto, como el de la petición verbal o la petición escrita, suelen ser desatendidos  por los funcionarios encargados de proveer la información. El controvertible argumento de la defensa de la seguridad nacional, en nombre de la cual se pasa por alto el libre acceso a la información, constituye una práctica difundida. Qué decir del “periodismo de filtración” en el que ha degenerado el complicado acceso a la información manejada por los órganos de control y el malentendido en torno del tema de las reservas en los procesos.

La tarea que tiene por delante el nuevo presidente de la SIP, Enrique Santos Calderón, no es entonces despreciable. Y en casa, no es poco lo que enfrentamos. La suerte de su mandato está muy ligada a la de nuestra profesión y por eso todos estamos confiados en la labor que ahora comienza.