La Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil (CCPVJ) expresó, en un comunicado, que la CIDJ es “el único tratado que reconoce a los jóvenes como sujetos de derecho” y que “posibilita un marco jurídico que respalda el diseño e implementación de políticas públicas de juventud integrales”.
 
El comunicado fue publicado en un espacio pagado de un diario de El Salvador, donde se celebra la XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que fue inaugurada el miércoles y concluirá mañana, con el tema central de Juventud y Desarrollo.

Según fuentes oficiales, la Convención, que es un instrumento jurídico internacional que puede ser ratificado en forma soberana por los países, no forma parte de la agenda de los mandatarios.

La CCPVJ afirma que en Centroamérica, principalmente en Guatemala, El Salvador y Honduras, la aplicación de “políticas represivas para el combate de la delincuencia y la criminalidad se enfocan” en los jóvenes, lo cual “ha generado la violación de sus derechos fundamentales”.
 
En ese sentido, sostiene que se violan los derechos de los jóvenes “a la vida, a la integridad, a la seguridad personal y a la libertad”, y que no existen políticas de Estado para la juventud que garanticen sus derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales.

El Salvador, Guatemala y Honduras presentan en la región centroamericana los índices más altos de violencia y delincuencia por parte de pandillas juveniles y se han llevado a cabo drásticos planes policiales para enfrentar esa plaga.

La CCPVJ exige a los gobiernos centroamericanos que “se respete y garantice la vida, las libertades y la integridad de las personas jóvenes, cesando la persecución, la represión y la criminalización; el abuso de la fuerza pública y la estigmatización de la juventud, especialmente de los sectores excluidos”
Entre las organizaciones miembros de la CCPVJ figuran el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) de El Salvador (regida por jesuitas) y Casa Alianza (con presencia en varios países de la región).
 
Así mismo, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala y Proyecto Paz y Justicia de Honduras.