Y no, no es que, como se quiere publicitar, los periodistas pretendan ser inmunes a los errores o impunes a las leyes que protegen el derecho a la honra, la intimidad y el buen nombre. En este caso, la sentencia constituye un castigo absolutamente desproporcionado a la actuación de la revista en todo el proceso.
El caso se remite a la publicación, el 28 de abril de este año, de un artículo titulado “El mecenas de la justicia”, en el cual se revelaban los agasajos de altos directivos de la justicia con Asencio Reyes, un controvertido empresario que la revista asociaba con personas vinculadas al narcotráfico, en particular el extraditado José María Ortiz Pinilla. Entre los muchos magistrados mencionados estaba José Alfredo Escobar, por entonces presidente del Consejo Superior de la Judicatura, a quien se citaba haciendo elogiosos comentarios de Reyes en un homenaje.
Dado que su petición de rectificación no fue atendida, el magistrado Escobar Araújo, en todo su derecho, presentó una tutela, porque sentía vulnerados su dignidad, honra y buen nombre. El 11 de agosto, el Juzgado 16 Penal del Circuito falló a favor de Escobar Araújo, al considerar que varias de las afirmaciones del artículo no correspondían a la verdad. En cumplimiento de dicha sentencia, la revista publicó una primera rectificación en la que sólo decía que “ninguna de las informaciones publicadas por la revista pretendió afirmar que los magistrados, y en especial el doctor Escobar Araújo, tengan o hayan tenido vínculos con personajes que transitan por el camino de la ilegalidad”.
El magistrado, hasta razón le asistía, consideró que ese texto lacónico no cumplía con la orden de rectificación y solicitó ante el Tribunal Superior de Bogotá una “adición de la sentencia a fin de obtener un pronunciamiento expreso de las pretensiones de la demanda”. El 12 de septiembre, el Tribunal le dio la razón, aceptó que la sentencia era “vaga e imprecisa”, que la rectificación publicada no cumplía el propósito de la misma y ordenó una nueva rectificación con instrucciones exactas de cómo debía hacerse.
Entonces comenzó una cadena de despropósitos. De manera por demás arbitraria, el Tribunal dispuso que la rectificación se debía hacer con “los mismos caracteres, colores, tamaño del artículo original”, “en la portada de la revista en su parte superior” y además “en la sección de actualidad”. Es decir, los jueces dictando órdenes en las redacciones. Inaudito.
Semana rectificó de nuevo, esta vez sí incluyendo todas las imprecisiones señaladas en el proceso, pero no en el lugar y con las características ordenadas. De ahí que ahora su director esté acusado de desacato y condenado a ir a la cárcel, cuando esta última rectificación enmendó a todas luces las imprecisiones cometidas. Las cuales, por lo demás, poco o nada tienen que ver con la honra y el buen nombre del magistrado, pues se refieren apenas a fechas erradas de las ceremonias, asistentes equivocados, o a que los elogios de Escobar Araújo al empresario no fueron pronunciados en Cartagena sino en el Jockey Club de Bogotá.
Todo lo cual indica que con este y otros casos que el magistrado ha adelantado contra diversos medios, lo que pretende es dejar la sensación de que todo lo que se ha dicho de él —por ejemplo sus conversaciones con el detenido Giorgio Sale y los regalos de él recibidos— son infamias que la prensa se ha visto obligada a rectificar. Y, por lo demás, ante la desproporción de la pena impuesta, es inevitable asumir que los jueces son incapaces de fallar con imparcialidad un caso en el que es parte interesada su superior jerárquico. Tal vez por eso es que el magistrado se siente tan a gusto llevando los procesos hasta límites inauditos.