Si la firma del Presidente lo permite, el próximo año los planteles educativos, públicos y privados, requerirán de la aprobación de las secretarías de Educación departamentales o municipales para hacer efectivas las listas escolares, que a la fecha han sido objeto de todo tipo de quejas y recriminaciones de padres de familia que con dificultad pagan las matrículas.
De hecho, podrán participar con su criterio en la elaboración de dichas listas, ya que nadie se explica, por ejemplo, por qué se le exigen a un alumno del Gimnasio del Norte, en Valledupar, ladrillos y cemento. Ante la falta de regulación, la lista de útiles inútiles creció hasta incorporar desde esponjilla y lija para pupitres, hasta copones para hostias, láminas de aluminio, memorias USB de 2 gigas y lápices de determinadas marcas. Situaciones como las registradas en el Liceo Arenas Betancourt, de Bogotá, donde los alumnos son obligados a acondicionar sus morrales, ya no con los usuales libros y cuadernos, sino con cajas de chinches, jabón en polvo, trementina y rollos de papel higiénico, llegarán a su fin prontamente. Si el plantel educativo persiste en su desmesurada práctica, que en últimas afecta a las personas de más bajos recursos, se le sancionará con multas de hasta 200 salarios mínimos.
Menos fácil de llevar a la práctica, la nueva ley prevé que los colegios que cobren cuotas adicionales a las que por ley están permitidas, serán igualmente penalizados. La historia de las asociaciones de padres que exigen sumas de dinero para su manutención podría llegar a su merecido fin si los entes encargados del tema se toman seriamente la tarea y los padres se deciden a denunciar las irregularidades. Algo que con seguridad no ha ocurrido en colegios privados de estratos altos, en los que el eufemismo de “cuota adicional” es el tristemente famoso “bono” que se sigue cobrando pese a numerosos intentos protagonizados por el propio Ministerio de Educación para impedir que tan excluyente medida se haga efectiva.
Es más, la propia Ley 115 de 1994 establece en su artículo 203 la prohibición general para los establecimientos educativos, y también para las asociaciones de padres de familia, de exigir cuotas o tarifas adicionales diferentes de las aprobadas por concepto de matrículas, pensiones y cobros periódicos. Aún así, no son pocos los colegios que le han transferido el “bono” al costo de la pensión argumentando, de manera algo cínica, que se trata de un aumento que el colegio requiere para mejorar su funcionamiento.
Preocupante que algunas directivas y asociaciones de padres, en un país por demás mayoritariamente pobre, entiendan la educación como una oportunidad para enriquecer sus arcas y las de sus colegios. El proyecto de ley en cuestión permitirá ponerle trabas al avivato y el deseo más bien arribista de tornar exclusivos planteles cuya vocación es otra, pero no deja de ser una medida de choque que con seguridad no soluciona del todo el dilema de la educación convertida primordialmente en una empresa.