Junto a Sanabria, quien fue propuesto como candidato por el propio Gobierno y hoy es magistrado de la Sala Disciplinaria, también se supo de otros candidatos a alcaldías y gobernaciones abordados con dineros para sus campañas. “Tenemos 10 ganadores, esto es mejor que haber montado mil empresas”, le dice Murcia a Suárez, quien con igual alegría por la aparente victoria de sus futuros aliados exclama que “lo que toca saber es qué contratos son los que vamos a coger”.
Se suman a estas escandalosas declaraciones las acusaciones hechas por la Fiscalía en el sentido de que también existirían nexos entre DMG y algunos congresistas, así como la denuncia hecha por el Partido Liberal, acerca de la existencia de un mico en la reforma financiera presentada por el Ejecutivo, con el que se favorecería la regulación de las tarjetas prepago que les permitían a los clientes de DMG adquirir productos y servicios. Se supo también que la compañía encargada de transportar las firmas que avalan el referendo presidencial, de nombre Trasval, es una filial de DMG dedicada al transporte de valores.
Aunque se especula con la sombra de Macaco, de Chupeta y hasta de un frente de las Farc, no se sabe aún con certeza la procedencia del dinero de DMG. Pero la actividad desplegada por esa firma claramente va más allá de la de ser una simple pirámide y no difiere mucho de anteriores operaciones fraudulentas practicadas con el objetivo de lavar el dinero del narcotráfico y penetrar y fundirse en todas las esferas de poder legales. DMG, difícil negarlo, es un factor más que contribuye a minar la legitimidad del Congreso y la clase política colombiana que, nuevamente, aparecen corrompidos por los dineros del narcotráfico.
No tiene presentación alguna, en últimas, que los damnificados más humildes de DMG, próximos ya a los dos millones, sean señalados de incautos, adictos al dinero fácil y “moralmente inferiores”, cuando quienes deberían ser ejemplo para la sociedad se lucran por igual de estos esquemas de lavado de dinero y luego salen a excusarse en el desconocimiento de lo que allí sucedía.
Puede resultar ciertamente injusto, por dar un ejemplo, que ahora aparezca como parte del organigrama de DMG en informes de inteligencia de las autoridades, pero un ex procurador y figura pública de primer nivel como Jaime Bernal Cuéllar no puede salir hoy a aceptar que recibió por su asesoría a DMG dineros en efectivo y convencernos de que no le resultó siquiera sospechoso que así fuera. Y como él, tantos otros prestigiosos abogados, asesores financieros y demás que, igual, se escudan en el derecho de defensa o en la confidencialidad en la contratación para obtener jugosos honorarios de sucia procedencia.
Mientras las investigaciones de la ahora llamada DMGpolítica avanzan —y ojalá avancen para demostrar que están equivocados quienes dicen que es tal el porcentaje de miembros de las autoridades que invirtieron sus dineros en las pirámides y en DMG que es imposible que esas investigaciones lleguen lejos—, los colombianos exigimos un acto de contrición de parte de quienes, especialmente en las altas esferas del poder público, se han hecho los de la vista gorda y se han escudado en la excusa fácil para dejar que el narcotráfico siga floreciendo, y ellos, beneficiándose impunemente.