En la denuncia están involucradas por lo menos 10 empresas transportadoras, que según la denuncia, están cobrando hasta $10 millones por expedir un paz y salvo que es requisito para iniciar el proceso de chatarrización.

"Algunas de las denuncias señalan a empresas como Transportadora de Usaquén, Vecinal de Suba, Transportadora Bermúdez y Cootranscondor", aseguró el presidente de Apetrans.

Al respecto, el Secretario de Movilidad, Fernando Álvarez, señaló que aún no ha recibido la primera denuncia formal al respecto, pero que de inmediato esta cartera investigará el asunto, porque dicho trámite es totalmente gratuito.

A la fecha se han chatarrizado 940 buses y la meta es llegar a los 1.320.