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Una llamada de solo treinta segundos fue suficiente para fracturar la tranquilidad de una madre, prender las alarmas de las autoridades de infancia y adolescencia, y dejar al descubierto otro aberrante caso de violencia sexual contra una menor de edad. Al otro lado de la línea las palabras fueron contundentes, para identificar la magnitud del problema: “La niña fue víctima de abuso y explotación sexual”, dijeron los psicólogos de un centro de rehabilitación, donde hacía cinco meses estaba interna una joven de trece años.
En Bogotá hablar de violencia sexual contra menores de edad en ocasiones parece lejano, pero cuando se da una mirada a las estadísticas, este es un delito que va en aumento y cada día parece estar más cerca. Solo entre enero y julio de este año (siete meses), el ICBF abrió 227 procesos de protección a niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial (36 casos fueron en Bogotá), mientras que entre enero y septiembre del 2020 (nueve meses) se abrieron 185 procesos por este mismo delito, de los cuales unos 28 fueron en la capital.
La lucha para defender a los niños y adolescentes es directa, frontal, y por eso desde hace unas semanas las autoridades han activado protocolos específicos para combatir estas acciones con miras a una posible erradicación. Por tal razón, el Gobierno Nacional designó un grupo especializado integrado por la fuerza pública, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Fiscalía, para poner al descubierto a los abusadores y explotadores sexuales de menores de edad. Adicionalmente, se habilitó la línea 141, que está bajo el manejo del ICBF, a través de la cual, desde cualquier parte del país, se podrán denunciar estos casos.
Los trabajos investigativos empiezan a dar resultados. Así lo demostró el reciente balance de la Policía, el cual indicó que desde que se inició el Plan de Intervención a Bogotá, el pasado 12 de agosto, han rescatado a veinte menores de edad del flagelo de la explotación sexual y han capturado a 19 personas, a quienes se les han imputado cargos por este delito.
Cruda realidad
Pero así como aumentan las capturas también aumentan las denuncias. Según Lina Arbeláez, directora del ICBF, hasta finales de agosto pasado, en el país se estaban reportando a diario 47 casos de violencia contra menores de edad. Uno de los reportes corresponde a un caso de Bogotá, donde madre e hija emprendieron un camino no solo legal, sino también médico, para superar lo que hasta ahora habían vivido y enfrentar lo que estaba por venir.
“Mi hija a los trece años empezó con un tema de consumo de marihuana. El problema iba en aumento, pero no noté por qué era. Para acabar con eso, la interné en un centro de rehabilitación el 21 de octubre de 2019, y allá, a los cinco meses me llamaron a contarme todo. La niña, por casi un año, había sido abusada y prostituida por un hombre con el que yo tuve una relación sentimental de un año”, cuenta la madre de la joven.
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Debido a la gravedad del hecho, todo respaldado en el relato de la menor de edad, juntas acudieron a las autoridades y así inició una investigación que tardó más de un año, pero dejó como resultado, hace quince días, la captura y judicialización del responsable.
El material probatorio recolectado es desgarrador y demuestra cómo el delincuente, además de inducir a la niña a la drogadicción, la llevaba a un bar en el centro de Bogotá, en donde le suministraba estupefacientes y luego la explotaba sexualmente con los demás asistentes al lugar. Así mismo, se confirmó el abuso que cometió con ella en su propia vivienda.
Hechos como estos son el reflejo de lo que pasa en todo el país. Así lo develó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar al asegurar que, durante el primer semestre de 2021 se han registrado 9.927 casos de violencia sexual, en comparación con los 4.283 que se registraron durante el mismo período de tiempo en 2020, en medio de pandemia.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo realizó una alerta en agosto pasado, en relación con el incremento de violencia contra los niños y niñas en el país, pues, durante los cuatro primeros meses de este año, el ICBF sumó 11.298 procesos para el restablecimiento de derechos.
Para Zulma Argüelles, psicóloga con maestría en Psicología Infantil y Juvenil, egresada de la Universidad del Bosque y con posgrado de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, en España, la problemática del aumento de estos casos en el último año obedecería a la pandemia y al encierro de los menores con sus agresores.
“Hay una falla de conocimiento en la población. Usualmente creemos que el abusador es alguien extraño y en el 90 % de los casos de abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes el responsable es una persona cercana a la familia: padres, tíos, abuelos, primos, el vecino o hasta el mejor amigo del papá. Son personas que se ganan la confianza y ahí es cuando bajamos las alarmas, porque creemos que nadie les hace daño a los niños”, asegura.
Además, cree que fortalecer las penas contra los victimarios podría ser parte de la solución, pero en lo que se debería trabajar es en fortalecer los espacios que se articulan desde el Gobierno Nacional y las demás entidades, que velan por la protección de los menores, y educar a la sociedad.
“El abusador no se hace abusador porque un día lo decide. Estas personas tienen una afectación psicológica y no radica siempre en que hayan sido víctimas de abuso sexual. Son distorsiones psicológicas. Hay que rodear los casos desde la educación a la sociedad, a los niños, a los abusadores. El adulto debe entender que el abuso sexual es todo contenido explicito sexual que se le muestra a un menor, es tocarlo, es sobrepasar los límites. Es ahí donde deberían enfocarse la sociedad, para garantizar un cambio, y sobre todo en creerles a las víctimas. Eso es lo primero”, agrega la especialista.
Eso mismo cree Ana Luz Arias, psicóloga, quien hizo parte de la Organización Internacional Sanitas, representando los casos de abuso sexual y violaciones que eran demandados a los entes territoriales. “La posible solución sería a la ley lo que le corresponda y así mismo con la salud mental. Debemos promover más a los psicólogos, porque mientras hagamos un trabajo con ira y perpetuo dolor no se va a encontrar una sanación”, concluye.