Condenan a seis años de prisión a exdirectora de mantenimiento vial de Bogotá

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La sentencia dictada a Maria Gilma Gómez Sánchez, exdirectora de la Unidad Administrativa Especial de Mantenimiento Vial (UAEMV), data del 2013 cuando se adjudicó un contrato por más $11.800 millones para implementar una nueva tecnología que lograría tapar 220.000 huecos en Bogotá, en un lapso de ocho meses. 

Este jueves, por orden del juez 8° Penal de Conocimiento de Bogotá, Gómez Sánchez fue sentenciada por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y deberá cumplir una pena de seis años y ochos meses en un centro carcelario.

Aunque hoy fue dictada la primera condena en el caso de la máquina tapahuecos, el lío tiene su inicio en 2013, año en el que se denunciaron presuntas irregularidades en la contratación. Según las primeras indagaciones de la Contraloría de Bogotá, la empresa a la que se le asignó el contrato fue creada seis meses antes de la firma del mismo. La organización guardaba tan sólo $5 millones en sus cuentas, poniendo en riesgo los recursos de la entidad.

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El primero en hacer denuncias sobre éste caso, fue el concejal Jairo Cardozo (Movimiento MIRA), quien dijo -en enero de 2014- que el contrato por $11.800 millones se había puesto en manos de una “empresa de papel” y “sin ninguna experiencia en el área de obras civiles, para realizar el parcheo de las vías en mal estado de la capital mediante la aplicación de la tecnología por inyección a presión neumática”.

El concejal basó su argumento en que pese a que el contrato de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) con Green Patcher Colombia fue firmado el 27 de diciembre, la firma “fue constituida hace apenas 6 meses, registrada como proponente solo mes antes de la adjudicación del contrato, y cuyos activos únicamente ascienden a $5 millones.

Además, el concejal denunció que, la dirección de la empresa, registrada en la Cámara de Comercio, corresponde al apartamento en donde reside su único accionista". Los cuestionamientos también señalaron al actor Juan Pablo Posada, a quien se refería el concejal como único accionista de la firma.

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Frente al revuelo que causó la denuncia del concejal y las investigaciones de la Procuraduría, en 2016 se ratificaron las sanciones, durante diez años, a Gilma Gómez y María Aguja, exdirectora de la Unidad de Mantenimiento Vial y exsecretaria general de la entidad, respectivamente, quienes no podrán ejercer cargos públicos.

Respecto al reconocido actor, Juan Pablo Posada, y al gerente de la firma Green Patcher Colombia SAS, el mexicano Antonio Fernández, en 2014 se anunció que serían procesados para responder por los delitos de incumplimiento en requisitos de contratos legales e interés indebido en la celebración de contratos.

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Por ahora, la única condena es la de Maria Gilma Gómez Sánchez, exdirectora de la UAEMV, quien este jueves fue sentenciada a seis años y ocho meses de prisión por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Adicionalmente, le fue impuesta una multa de 90 salarios mínimos legales mensuales vigentes y no podrá ejercer funciones públicas durante 100 meses.

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De acuerdo con la investigación, adelantada por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, la irregularidad se presentó porque el contrato N° 638 del 27 de diciembre de 2013, modificado mediante un otrosí del 14 de febrero de 2014, se habría camuflado a un contrato de ciencia y tecnología, cuando su objeto real era de obra para el mantenimiento de la malla vial.

No obstante, el próximo 15 de noviembre, la Fiscalía acusará formalmente a los dos contratistas de la máquina tapahuecos, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. 

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