:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/LvBRKzkvJoSTFWkrcr9OAXHDu4g=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/WZMKCSNLJVEPTGJEC4WZGG3BMY.jpg)
Los "taxis inteligentes" son una de las apuestas más fuertes que está haciendo la administración distrital, en sintonía con su idea de hacer de Bogotá una ciudad moderna y tecnológica. Sin embargo, el proceso para evolucionar el servicio de taxis a uno en el que el usuario sepa desde que se sube al vehículo cuánto le va a costar la carrera, sigue sin avanzar debido a la falta de claridad legal.
En una carta abierta, el concejal Roger Carrillo (Partido Conservador), mostró su inconformidad con los lineamientos que entregó el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, a la Policía de Tránsito y Transporte para la aplicación de sanciones de tránsito, teniendo en cuenta la modernización del servicio de taxis en la ciudad.
El cabildante explicó que dichas directrices (contenidas en la Directiva 001 del 31 de enero de 2019 y enmarcadas en el Decreto 456 y 568 de 2017, Resolución 220 de 2017), se encuentran sin piso jurídico pues la resolución del Ministerio de Transporte sobre la que se soportan y con las que se pretendía implementar el cambio de taxímetros a tabletas (2163 de 2016), se encuentra suspendida provisionalmente.
“No sólo me genera rechazo, sino mucha preocupación y suspicacia, al pretender a toda costa, inclusive sin importarle, las consecuencias jurídicas en las que podría estar inmerso Bocarejo al revivir las disposiciones contenidas en las referidas normas distritales, bajo el título de Directiva (…) ¿Cómo es posible, que el secretario de Movilidad, pase por encima y desconozca totalmente el concepto emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio al Ministerio de Transporte, frente a las mencionadas normas distritales?”, argumentó el cabildante conservador.
Carrillo cuesionó que el secretario de Movilidad exige en la directiva el uso del Sistema de Información y Registro de Conductores (SIRC), sin tener en cuenta que el concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) antes referido expresa que: “..3.1.1. Las normas distritales se concentran en definir las características de las plataformas y no en los objetivos de política pública que debe perseguir el servicio público de transporte…se corre el riesgo de incentivar la ilegalidad, por un lado, y por el otro, se propician incentivos para prestar servicios en condiciones que, por sus características procuran escapar de la excesiva carga regulatoria… (concepto emitido el 17 de octubre de 2017 bajo el radicado No. 18-229656-1-0)”
El concejal añadió que, otro aspecto contemplado en la directiva No.01 de 2019 de la Secretaria de Movilidad, es el de ofrecer aparentemente de manera voluntaria la implementación de las plataformas tecnológicas para liquidación de la tarifa por el servicio de transporte público individual nivel básico – taxi -, sin tener en cuenta que la SIC manifestó que el único dispositivo idóneo para ello es el taxímetro electrónico, por arrojar una tarifa segura y verificable.
“Un aspecto a evaluar tiene que ver con la confiabilidad que la plataforma tiene para calcular la tarifa. Esta apreciación es pertinente, pues, al tratarse de una exigencia e intervención del Distrito en la economía, este debe procurar adoptar el mecanismo más fidedigno”, aseguró Carrillo.
Además, alega que, a la hora de justificar la elección de plataformas tecnológicas por encima de los taxímetros para el cálculo de tarifas, estaría en juego la protección de los derechos de los consumidores pues, citando a la SIC: “además de desdibujar la distinción entre los niveles básico y de lujo, el cobro por factor de calidad establecido en el Decreto 568 de 2017 perjudica a los consumidores. Esto por cuanto se les permite a los prestadores del Servicio de Taxi, cobrar un adicional de 13.3% si los vehículos cumplen con ciertas características que resultan ser básicas y, por lo tanto, nada extraordinarias para justificar un cobro adicional”.
Para finalizar, Carrillo hizo un llamado al secretario de Movilidad para que “se replantee esta Directiva y se evite un daño antijurídico a la ciudad”.