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“La persecución de los habitantes de la calle ha sido sistemática desde la intervención del Bronx y esta persecución responde a formas específicas de una política pública que exclusivamente se ha preocupado por la ‘recuperación del espacio público’”. Esta es una de las conclusiones que se desprende de un informe que será presentado este jueves, el cual evalúa y examina la forma como las autoridades se hicieron al control de la olla justo hace un año, en el centro de Bogotá.
(Consulte aquí nuestro especial multimedia: Un año después del Bronx)
El estudio, de más de 100 páginas, se titula “Destapando la olla” y es elaborado por la ONG Pares en Reacción y Acción contra la Exclusión Social (Parces) y el Centro de Pensamiento y Acción para la Transición (CPAT). El informe advierte sobre aparentes formas de violencia y exclusión –ideadas desde la institucionalidad– que violentaron los derechos de los habitantes de calle que, tras la intervención, se dispersaron en distintas zonas de la ciudad.
El informe es particularmente crítico con la Administración de Enrique Peñalosa y la forma como atendió la intervención. Entre otros, en “Destapando la olla” se dice que el Distrito propende por un modelo de ciudadanía virtuoso que se impone para poder acceder a una ciudad “limpia y ordenada”. “Esto, a su vez, implica necesariamente que existen ciudadanos indeseables, sucios y desordenados”, sostiene el estudio.
Los investigadores alertan además por un tipo de violencia “institucional” que se ejerció contra esta población y que se tradujo en prácticas de “normalización” para intentar involucrarlos a la sociedad y en discursos de indeseabilidad.
“Como se encontró a lo largo de la investigación y se presenta en este informe, la intervención no solo generó una serie de prácticas de violencia física y simbólica en contra de los habitantes de la calle por parte de la fuerza pública y otros agentes del Estado, sino que, además, es posible afirmar que la promoción del discurso institucional de indeseabilidad del habitante de la calle impulsó y legitimó en la sociedad civil acciones de limpieza social contra ellos”, aseguran Parces y CPAT.
En otro apartado, se alerta por la consolidación de un modelo de atención social “ajeno a la realidad” de las personas habitantes de la calle y el afianzamiento de un modelo de atención basado en la abstinencia, sumado a la “lógica de hacer difícil la vida” de los habitantes de la calle, en la calle.
El informe califica como “poca” la adaptación de los servicios sociales a las necesidades de la población y rechaza cambios en los servicios de salud: “No solo en la disminución de los mismos, sino en la imposición de barreras para acceder a servicios básicos, supuestamente de carácter universal, y en el enfoque anclado en el sistema de aseguramiento, que traslada la responsabilidad a las entidades prestadoras de servicios, las cuales, dada su naturaleza, no harán el mismo esfuerzo por llegar y atender a los habitantes de la calle”.
Parces y CPAT también ponen la lupa sobre la actuación de la Policía y sus operativos para contener a esta población que, tras la intervención, se desplazó a zonas como el caño de la calle Sexta, el parque España, la plaza de los Mecánicos, Cinco Huecos o Puente Aranda.
“Estas dinámicas se han caracterizado por el uso de armas de gas, granadas, pistolas de balines, bolillos, piedras, palos, patadas y puñetazos, de manera injustificada y arbitraria”, puntualiza el informe.