'La situación de las madres es frustrante'

Cuando faltan cuatro meses para que se cumplan tres años desde que se hizo pública la primera denuncia por las muertes conocidas como falsos positivos de Soacha, el panorama en términos de justicia para las 17 madres de los presuntos ejecutados no parece ser el mejor. La mayoría de los casos se encuentran en etapa de audiencia preparatoria, a la espera de los juicios orales, y en algunos no se ha hecho ni siquiera la imputación de cargos. Las familias de las víctimas advierten sobre posibles maniobras de dilación, preocupación que también inquieta al expersonero del municipio, Fernando Escobar, quien las ha acompañado desde el principio en su búsqueda de justicia.

El exfuncionario dice que el Consejo Superior de la Judicatura debería investigar a varios de los jueces y abogados de los procesos y que se debe garantizar la lealtad entre las partes. Se refiere a la posibilidad de que la Defensoría del Pueblo asuma la defensa de los supuestos victimarios y llama la atención sobre el hecho de que todos hayan salido libres por vencimiento de términos.

¿Cómo ve el panorama para las madres de los ejecutados de Soacha en términos de justicia?

La situación de estas familias, como las de casi todos los que denuncian en Colombia, es frustrante. Uno debería sentir el compromiso de la justicia en casos de tanta relevancia, pero falta la mano dura de algunas autoridades judiciales. Preocupa la situación de la defensa porque, si bien ésta no siempre está interesada en la aplicación eficaz de la justicia, el marco en el que actúa debe ser vigilado por las autoridades competentes. Con esto me refiero al Consejo Superior de la Judicatura, que tiene competencia disciplinaria sobre abogados y jueces.

¿Y la actuación de la Fiscalía?

Sin desconocer la complejidad de los casos, parece que a la Fiscalía le faltara una actividad más fuerte para que se puedan llevar a cabo los juicios. Hay casos en los que desde hace un año se está en audiencia preparatoria. El tema deja una preocupación de que no se está actuando como se debería actuar y se deberían asumir acciones correctivas.

¿Por parte de quién?

De los jueces de conocimiento, del Ministerio Público, de la Fiscalía. Y es necesario revisar el tema de la defensa. Por ahí hay una iniciativa para que este tipo de defensas (a miembros de la Fuerza Pública) las asuma la Defensoría del Pueblo, para garantizar que haya lealtad con las partes. Ahí se podrían tener buenas experiencias.

¿A cuántos miembros de la Fuerza Pública involucrados en estos casos les dictaron medida de aseguramiento y cuántos de ellos están libres?

A 49, y tengo entendido que todos están libres por vencimiento de términos.

¿Qué opina de que varios de estos casos estén siendo unidos por conexidad, es decir, se conviertan algunos en un solo proceso?

Ese es uno de los debates que ha promovido la defensa de los militares, que también ha dicho que la jurisdicción competente es la penal y ha buscado que se modifiquen las calificaciones de las conductas. Estos no son hechos menores. Si desde el punto de vista práctico ya son difíciles las audiencias, imagínese cuando haya más partes y sindicados. Se podrían presentar con más facilidad las maniobras dilatorias.