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Justo cuando el consejo directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) se alistaba para discutir el auto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que le ordenó “aprobar y acoger completamente” el plan del Distrito de sustraer, realinderar y recategorizar la reserva Van der Hammen, ayer la magistrada Nelly Villamizar (la misma que emitió la polémica decisión) dejó sin efectos su propio fallo.
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El reversazo se dio en medio de la aclaración del auto que solicitó la Procuraduría, que le pidió a la funcionaria explicar aspectos de su decisión como cuál fue el régimen jurídico que sirvió para adoptar la medida y en qué consistía la urgencia de las medidas cautelares decretadas. Esta solicitud se sumó a la apelación de la propia CAR, que advirtió que la jueza estaba usurpando funciones, al desconocer que había un trámite en curso.
En su nueva decisión, para comenzar, Villamizar insistió en que no se extralimitó en sus funciones al impartir la orden que daba ocho días a la CAR para adoptar el proyecto del Distrito, pues para ese momento habían pasado más de seis meses sin que la Corporación hubiera resuelto de fondo la solicitud y desconocía en detalle las actuaciones administrativas que adelantaba la CAR.
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En la apelación que presentó ante el Consejo de Estado, la Corporación explicó que la supuesta demora en la que Villamizar respaldó su decisión obedecía a que el Distrito, pese a haber radicado la solicitud en abril, solo hasta el pasado 3 de septiembre completó todos los documentos necesarios para que el consejo directivo pudiera adelantar formalmente la discusión.
Ante ello, la magistrada sostuvo: “Esas circunstancias fueron desconocidas por el despacho, pues según el informe de la apoderada judicial de la CAR, que presenta con ocasión del auto, no fueron puestas en conocimiento durante el trámite ni por la Corporación ni por el Distrito, quienes guardaron silencio acerca de tales requerimientos”.
Ante las dudas planteadas por la Procuraduría, Villamizar reivindicó que actuó con apego al Código de Procedimiento Administrativo, así como lo dispuesto con la ley que regula las acciones populares. Acto seguido, manifestó que el origen de su decisión fue el hecho de que no se han implementado las medidas para salvaguardar el ecosistema, ni se evidencian estrategias para recuperar y restaurar el entorno que abarca el río Bogotá.
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“Apenas se vislumbra una valoración de las obras a emprender, sin que para el efecto se hayan realizado las correspondientes apropiaciones presupuestales por las entidades involucradas, esto es, que apenas se constituye en una mera expectativa de restauración, mientras que se ve con buenos ojos la inmediatez para llevar a cabo las acciones y obras de la propuesta del Distrito”, se lee en uno de los apartados del fallo.
La magistrada insiste en que, dado que no se han adoptado las medidas necesarias para cumplir con lo dispuesto en la sentencia del río Bogotá, optó por tomar cartas en el asunto pues, aunque sea una función que compete a la autoridad ambiental, “no constituye un desbordamiento del juez el disponer que se resuelva cuando las autoridades dejan pasar el tiempo sin hacer nada. Por el contrario, la situación cada día se agrava más”.
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Por esta razón, y luego de anular su decisión, la funcionaria le pone un límite de 120 días hábiles a la CAR para que se pronuncie sobre la viabilidad de la propuesta del Distrito, ya que a la fecha se han vencido los plazos para implementar el plan de manejo ambiental de la Van der Hammen y que las actividades contempladas no se han efectuado.
En caso de que la Corporación apruebe la solicitud del Distrito, insta a las entidades responsables a cumplir con la sentencia del río Bogotá, antes de aprobar cualquier tipo de intervención, bien sea la construcción de nuevas vías o proyectos de urbanización. Precisa además que, en caso de cualquier sustracción, la CAR debe garantizar que se amplíe el área de la Van der Hammen.
En caso contrario (de ser rechazado el proyecto), da un plazo de nueve meses para que las autoridades cumplan el plan de manejo ambiental de la reserva, en coordinación con entidades como la Secretaría de Ambiente de Bogotá y el Jardín Botánico.
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Conocido el nuevo auto, el alcalde Enrique Peñalosa se declaró respetuoso de la determinación. Sin embargo, dijo estar confiado de que la CAR adoptará su propuesta. “El nuevo auto ratificó conveniente y necesaria la propuesta de la Alcaldía sobre la reserva, pero le devuelve la potestad a la CAR de la decisión, dándole 120 días hábiles para ello”, indicó el mandatario.