Condenan a exsubsecretario de salud por irregularidades en contratación de ambulancias

Ambulancias nuevas Bogota

Foto: Archivo particular

Quince años después del carrusel de contrataciones de ambulancias, el Tribunal Superior de Bogotá condenó a al exsubsecretario de Salud de Bogotá, Juan Eugenio Varela Beltrán; y a los contratistas José Antonio Bonnet Llinás, Yolanda Sarmiento Gutiérrez y Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento.

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Estas personas fueron halladas culpables de dirigir el entramado de corrupción que, favoreció a un contratista, en medio de un proceso de licitación por a $ 67.203 millones, para la compra de ambulancias y otros equipos médicos. La decisión del tribunal se dio luego de un fallo, en primera instancia, que había absuelto a los hoy condenados el pasado 22 de septiembre.

En ese sentido, el exsubsecretario fue sentenciado a 18 años, 7 meses y 7 días de prisión por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación; y los contratistas a 10 años, 8 meses y 28 días de prisión por el delito de peculado por apropiación.

La decisión judicial se efectuó luego de que el ente investigador demostró que, el exfuncionario, entregó información privilegiada en la etapa precontractual a los representantes de la unión temporal seleccionada. Al contar con esta información privilegiada, por encima de los otros consorcios que participaron en la licitación, los contratistas consiguieron ajustar la propuesta para reunir los requisitos y las condiciones para lograr la adjudicación del contrato.

Asimismo, durante el proceso de investigación, quedó en evidencia una lista sobrecostos para la prestación del servicio profesional de médicos, siquiatras, enfermeras, auxiliares de enfermería y conductores. Por concepto de sueldos para estos funcionarios, prestaciones sociales y liquidaciones, el Distrito pagó un total de 34.739 millones. Sin embargo, el costo real de este desembolso, fue en realidad de $17.196 millones.

Carrusel de las ambulancias

Con la condena del exsubsecretario y los contratistas, se cierra el ciclo de uno de los cuantos hechos de corrupción durante la alcaldía del difunto Samuel Moreno. Este contrato, que tenía el objetivo de contratar 55 ambulancias medicalizadas y 15 vehículos de respuesta rápida, además de la contratación del talento humano necesario para la atención de emergencias en la ciudad, se vio empañado por vicios durante la licitación.

Las primeras investigaciones arrojaron que, desde la Secretaría de Salud, se movieron hilos para favorecer a la Unión Temporal Transporte Ambulatorio de Bogotá, uno de los contratistas que participó en la licitación y que, posteriormente, se terminó ganando el contrato. En medio de este proceso, Héctor Zambrano, el entonces secretario de Salud, fue investigado por la Fiscalía por las irregularidades que rodearon la entrega del contrato para la prestación del servicio de ambulancias en Bogotá en el año 2009 y que tuvo un valor superior a los $67 mil millones.

El exfuncionario firmó un preacuerdo con el ente investigador en el que aceptó su responsabilidad en los delitos de cohecho propio, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y celebración indebida de contratos. En principio, había sido condenado a trece años de prisión, pero el Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia, redujo la pena a 12 años y cinco meses.

No obstante, 13 meses después de haber sido detenido, Zambrano obtuvo su libertad a través de un recuso de habeas corpus que el abogado de Zambrano, Gustavo Sierra, interpuso tras conocer, la semana pasada, que desde el 30 de septiembre de 2020 el Juzgado 16 de conocimiento había ordenado su libertad condicional.

Asimismo, por cuenta de este mismo escándalo de corrupción, el exconcejal Omar Mejía Báez fue condenado a pagar 90 meses de prisión y una multa de 87 salarios mínimos. De acuerdo con la Fiscalía, el exconcejal para el período 2008-2011, recibió por parte de Héctor Zambrano, secretario distrital de salud de Bogotá en ese periodo, varias coimas ilegales.

Estos pagos, que ascendieron a $120 millones, provenían de los adjudicatarios de un contrato para el manejo de las ambulancias de la capital. Estos pagos ilegales tenían como fin que Mejía Báez no participara en los debates de control político sobre este contrato en el Concejo de Bogotá, y en general en todos los que cuestionaran la administración del exalcalde Samuel Moreno.

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