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La libertad de prensa es, sin duda alguna, el motor que impulsa una democracia estable y sana más allá de la independencia que deben tener las ramas del poder público, pues de ella emana, en gran medida, la formación de una opinión pública libre, diversa y crítica. Históricamente, en nuestro país, hablar de libertad de prensa es narrar desde una utopía, conducta que hoy nos lleva, según el último informe de Reporteros Sin Fronteras, a ocupar la deshonrosa posición 139 entre 180 países evaluados en torno a las libertades para los periodistas, siendo Colombia una de las naciones más peligrosos del continente para ejercer el oficio.
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Infortunadamente, el pasado 16 de mayo, durante el cubrimiento periodístico del asesinato del coronel (r) Élmer Fernández, director de la cárcel La Modelo de Bogotá, el fantasma de las agresiones contra reporteros y fotógrafos por parte de agentes del Estado, específicamente uniformados de la Policía Nacional, demuestra una vez más el desalentador panorama en torno al ejercicio de informar en contextos de violencias y orden público, máxime cuando es el mismo Estado el que no garantiza este derecho fundamental, que no solo se le viola al profesional de la comunicación, sino de manera indirecta a toda la ciudadanía, al restringir el acceso a la información.
Pero este hecho no es aislado a la realidad que vive el país, pues de acuerdo con la FLIP, tan solo en 2023 fueron agredidos 530 periodistas por diferentes actores y en diversas circunstancias, razón por la que es necesario hacer un diagnóstico sistémico frente a lo que está ocurriendo.
En primer lugar, desde las condiciones políticas, permeadas por las continuas promesas incumplidas a los periodistas (de medios tradicionales, ambientales, comunitarios, independientes, etc.) por parte de los diferentes gobiernos locales y nacionales de turno que se han quedado cortos a la hora de desarrollar una política de Estado seria e integral que responda por la seguridad, bienestar y estabilidad emocional y económica de los periodistas y sus familias a lo largo y ancho del territorio. En tal virtud, los actores gubernamentales, particularmente los encargados de la seguridad y convivencia ciudadana deben garantizar el acompañamiento a la prensa, no para agredirla, sino todo lo contrario, para garantizar que el acceso a la información se dé conforme a nuestra carta magna y en condiciones aptas para el ejercicio.
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Sin embargo, no solo debe endilgarse a los gobiernos esta responsabilidad, pues los medios de comunicación en el país, en su calidad de mecenas de la información, también han contribuido con sus lógicas editorialistas, algunas de ellas muy politizadas, a enrarecer el ambiente de la opinión, acentuando la polarización y la parcialización en la sociedad civil que, en la mayoría de los casos, adolece de una correcta alfabetización mediática y no ejerce una ciudadanía crítica frente a lo que le informan los medios, llevando a estigmatizar al periodista y a su ejercicio, según el sesgo ideológico que se tenga.
A eso se suma el fenómeno de la viralidad en lo digital que, por un lado, ha facilitado la emergencia de las noticias falsas y la sobredimensionalidad de la información, pero, por el otro, también ha forjado el desdibujamiento del rol del periodista en los escenarios digitales, subyugado a difundir información, en muchos casos sensacionalista o superficial, que responda a las lógicas de las métricas o a los indicadores de performance referentes al tráfico en los portales web y redes sociales.
Pero como academia también tenemos responsabilidad en este asunto. Desde los más de cincuenta programas de Comunicación Social y Periodismo que existen en el país debe retomarse la senda de formar en torno a la prevención de los mecanismos de censura y autocensura, de manera explícita en los planes de estudio; es nuestro deber garantizar que las nuevas generaciones de periodistas vuelvan a campo, a la consulta de las fuentes oficiales y no oficiales, con su natural contraste, y no se queden en el facilismo del periodismo de escritorio que les da la búsqueda de información en la web o incluso la Inteligencia Artificial, que si bien pueden ser usadas como fuente de consulta, no pueden convertirse en el único soporte para la consecución de datos. Pero, ante todo, debe comenzar a hablarse en las aulas en torno a la salud mental, el estrés y los fenómenos de acoso laboral que sufren los periodistas por cuenta del cubrimiento de fuentes de gran impacto como: medio ambiente, política y judicial, entre otros. De ello, dialogamos recientemente en UNINPAHU con Jamion Knight, encargado de comunicación e información de la Oficina de UNESCO para América Central, México y Colombia.
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Nos encontramos en el mes de la libertad de prensa, pero, sin duda, son más los interrogantes o los aspectos por subsanar que las claridades que tenemos frente al tema. Como sociedad poseemos una deuda histórica con nuestros periodistas ambientales, comunitarios y rurales, muchos de ellos víctimas de secuestro, amenazados, exiliados y asesinados. Que este sea el día cero para comenzar a saldar esa cuenta en pro de dignificar tan honroso ejercicio como lo es comunicar, y una coyuntura para rechazar vehementemente, desde todas las orillas, los ataques a la prensa.
Emanuel Enciso Camacho, Decano Facultad de Comunicación, Periodismo y Artes UNINPAHU