Abordar el legado de la Comisión de la Verdad, implica hacer un ejercicio retrospectivo, para dar cuenta el contexto jurídico y social que le dio vida a esta entidad. El Acuerdo Final de Paz de 2016, el Acto Legislativo 01 de 2017 y el Decreto 588 de 2017, cada uno de estos documentos instó a la Comisión a elaborar un documento que incluyera las recomendaciones para la No Repetición.
Entre los grandes retos que dejó el Informe de la Comisión, están 67 recomendaciones que transitan en apuestas a la política de drogas, paz territorial, reparación a las víctimas, cultura de paz, democracia incluyente, entre otros. Ahora bien, el Decreto 588 de 2017, estipuló la creación del Comité de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de las recomendaciones para la no repetición del conflicto armado, en adelante (CSM), con el fin de generar acciones para la aplicabilidad de dichas recomendaciones en diferentes instancias jurídicas, sociales, políticas, entre otras.
Avances del Comité a un año de su operación
Este Comité tiene el reto de presentar informes semestrales de seguimiento a las recomendaciones, los cuales deben apostar por un enfoque diferencial, territorial y de género Para el logro del mismo, se ha creado una Secretaría Técnica para apoyar las funciones del CSM.
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El pasado 26 de julio, el Comité presentó públicamente una cartilla de guía a su primer informe, en el que se puede evidenciar que, durante el año de gestión que lleva el CMS, se ha dedicado en la estructuración en varios sentidos, para así tener claridades durante su tiempo de vigencia. Por un lado, viene estructurando el Sistema de Seguimiento y Monitoreo, con el fin de determinar los avances o no al cumplimiento de las recomendaciones, para ello, se encuentra en una sistematización y codificación de las recomendaciones, al tiempo de una guía para que las instituciones implementen las recomendaciones, esto en un trabajo colaborativo con el Departamento Nacional de Planeación, en adelante (DNP), y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en adelante (DAPRE).
Así mismo, se encuentra construyendo la estrategia de incidencia con organizaciones sociales e instituciones públicas, para ello el CSM, ha realizado cuatro visitas a diferentes territorios del país, para que dicha estrategia contenga la mirada territorial que requiere. En cuanto al relacionamiento con instituciones públicas, se ha pedido información a 29 entidades de las cuales 15 han respondido; a nivel departamental y municipal se ha solicitado información, y según el CSM, solo el 4,4% ha respondido a la solicitud, lo que deja ver la precaria información en los territorios sobre el avance en la implementación de las recomendaciones. Por lo anterior, el CMS viene construyendo de manera específica otra estrategia, en este caso, de territorialización, con el fin de generar estrategias para que las recomendaciones queden en los planes regionales de las futuras administraciones.
De igual forma, este Comité se encuentra estructurando una estrategia de pedagogía y comunicaciones, la cual está en la fase de buscar su financiamiento, al tiempo de instar al gobierno para que en sus medios públicos se haga la labor pedagógica de las recomendaciones. Así mismo, se viene diseñando un mecanismo didáctico de divulgación de las recomendaciones en el exterior.
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Además, este Comité se encuentra en la estructuración de la estrategia para la elaboración de sus informes, para ello, avanza en un equipo técnico fortalecido, que le de vida al sistema de seguimiento y monitoreo, y así, presentar informes tanto temáticos como de seguimiento a las recomendaciones. Por último, en cuanto a la conformación, el Comité realiza la estructuración de sus procesos administrativos, para comprender el alcance de la administración de los recursos para las acciones del CMS, por parte de la Justicia Especial para la Paz, en adelante (JEP).
Con lo anterior, se puede evidenciar que el Comité está culminando su proceso de creación tanto técnica como administrativamente, lo cual suma en tener una estructura para el cumplimiento de sus funciones. Ahora bien, el gran reto es que dichos andamiajes sean posibles con el apoyo del gobierno nacional, sociedad civil y demás sectores.
Entonces, es oportuno reconocer que, el Comité en este primer año ha avanzado de manera sustancial en un diálogo técnico con el DAPRE y el DNP, con el fin de fortalecer la estrategia de seguimiento y monitoreo de la implementación de las recomendaciones en el Plan Nacional de Desarrollo (en adelante PND), del actual gobierno. A pesar de la negativa del Congreso de la República al artículo 8 del PND, que contenía de manera sustancial las recomendaciones de la Comisión, en dichos diálogos se ha podido evidenciar la voluntad del gobierno por acoger y tomarse en serio las recomendaciones, toda vez que, según el Instituto KROC, el 58% de las recomendaciones, tienen una estrecha relación con la implementación de los Acuerdos de Paz, y en ese sentido, el cumplimiento de las recomendaciones es obligatorio.
Muestra de ello es que, dentro de la agenda legislativa amplia, se observó que una décima parte de los proyectos legislativos, es decir 77 proyectos, han estado relacionados con las recomendaciones. Sin embargo, aún se queda corta la agenda legislativa en la relación entre las expectativas y las recomendaciones; siendo estas una de las reflexiones presentadas por los integrantes del CSM, el pasado 26 de julio.
Retos a hoy para el Comité
Ahora, con la mirada puesta hacia adelante, el Comité tiene grandes retos como lo son: poner en marcha sus estrategias anteriormente mencionadas, continuar el trabajo colaborativo con el gobierno nacional, fortalecer los recursos presupuestales para la ejecución de sus acciones, promover estrategias con las entidades departamentales y municipales, para que de manera intencional contengan las recomendaciones en sus planes de desarrollo, siendo esta una de las grandes apuestas territoriales para el Comité.
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Con todo lo anterior, se puede concluir que las recomendaciones del Informe, en palabras de uno de los integrantes del CSM, “están navegando en contextos frágiles”, que requieren de mayores acciones de peso, por un lado, a nivel político y jurídico, y por otro lado, fortaleciendo los procesos participativos como los que se están dando desde la Red de Aliados, para así aterrizar a la ciudadanía las recomendaciones del Informe, y lograr que las recomendaciones tengan alcance público y territorial; este ejercicio en doble vía, es lo que puede garantizar la posible efectividad de la implementación de las recomendaciones, y en ello, el legado vivo de la Comisión.
Por ende, la fuerza ciudadana es imprescindible para que las recomendaciones del Informe tengan realidad práctica en los siguientes años, puesto que no remite su cumplimiento a la exclusividad de lo que haga el Comité de Seguimiento, sino que depende de las acciones intencionales para fortalecer el ejercicio ciudadano, y en ello, brindar las garantías para que desde la participación se pueda seguir como país, arropando la verdad.
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