En zonas como el Cauca, Catatumbo o Nariño, la presencia de diferentes grupos armados ilegales aumenta la intensidad del conflicto y el número de víctimas entre diferentes facciones que se pelean palmo a palmo el cultivo, producción y exportación de cocaína; y el control de la minería ilegal o el mercado de la extorsión, el microtráfico, entre otros.
Esta compleja realidad cambia cuando un actor ilegal hegemónico ejerce el control monopólico de la criminalidad en un territorio determinado, como es el caso de los Montes de María. Ahí, el Clan del Golfo, después de acabadas las grandes guerras del pasado entre guerrillas y paramilitares, ha ganado terreno la zona montemariana e imprimiendo sus dinámicas y formas de actuación.
Su principal estrategia es mimetizarse dentro de la población civil, usar un bajo perfil y determinando “acuerdos implícitos” con los poderes institucionales locales. Lo que se conoce, de acuerdo con el profesor Luis Fernando Trejos, como gobernanza criminal, un concepto que alude a los arreglos de actores ilegales con la institucionalidad y otros actores del territorio, como empresas privadas o sociedad civil.
Es una especie de “hagámonos pasito”, en donde el actor ilegal permite mayor libertad de acción a la institucionalidad y sociedad en general, siempre y cuando no vea tocado sus intereses económicos o estratégicos en el territorio.
Como lo señala un agente de cambio territorial en San Onofre, que desarrolla acciones conjuntas con la Fundación Foro Costa Atlántica: “Seño… en realidad nosotros sabemos que ellos están en el territorio, al final ellos mandan en todo el litoral y la costa, pero nos dejan tranquilos aquí arriba en nuestro territorio”
A pesar de estos acuerdos tácitos, ¿Quién pone los límites o señala las reglas de juego? Lo que ocurre en el territorio, a partir de los diferentes diagnósticos levantados de la mano de organismos de cooperación internacional, es que los actores sociales diversifican sus repertorios de actuación, intentando hacer una lectura de las acciones de violencia y control del actor hegemónico, autoinhibiéndose de transitar y trabajar en algunas zonas o solamente tocando algunos temas de la gestión pública que no interfieran con los intereses de los violentos, sin embargo, a veces, los cálculos fallan y hay consecuencias.
Al final, la gente ejerce su derecho a la participación o a la organización de manera tutelada, de manera ilegal; desarrollando acciones limitadas y hasta cierto espectro de impacto que no exponga su visibilidad y en temas que no afecten la susceptibilidad de los actores armados.
Una participación tutelada que, al ser ilegal, también depende de los vínculos de los actores armados con los entes territoriales, que permiten la expresión social, pero, hasta cierto punto y dando información limitada y condicionada.
Como lo señala el profesor Ángel Turirán, de la Universidad del Norte, ya no se encuentran conexiones evidentes tan entre actores armados y gestión pública, ahora hay gobernabilidades híbridas en donde el actor armado pone condiciones en algunos temas y la institucionalidad también aprovecha para usar la intimidación de la violencia de los actores para blindar sus actuaciones non sanctas en el territorio.
Al final, no hay un desarrollo de una democracia moderna en el territorio, sino un fuerte debilitamiento de la deliberación pública y el tejido social, lo que trae consigo una baja responsabilidad en el territorio y poco interés ciudadano en los asuntos públicos. Un escenario perfecto para la consolidación de hegemonías políticas, el clientelismo y la reconfiguración cooptada del estado.
En ese sentido, se requiere una acción inter-agencial del estado que recupere la autoridad en el territorio, llevando más seguridad, pero también, más presencia estatal no militar. Aprovechar las potencialidades de las nuevas apuestas nacionales por fortalecer las organizaciones sociales, construyendo un nuevo tejido social sostenible, fomentando un nuevo modelo de relacionamiento con lo público y, por supuesto, brindando más y mejores garantías de participación para la ciudadanía de los Montes de María.
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*Foro Nacional por Colombia es un Organismo Civil no Gubernamental sin ánimo de lucro, creado en 1982, cuyos objetivos son contribuir al fortalecimiento de la democracia en Colombia. Desarrolla actividades de investigación, intervención social, divulgación y deliberación pública, asesoría e incidencia en campos como el fortalecimiento de organizaciones, redes y movimientos sociales, la participación ciudadana y política, la descentralización y la gestión pública, los derechos humanos, el conflicto, la paz y las relaciones de género en la perspectiva de una democracia incluyente y efectiva. Foro es una entidad descentralizada con sede en Bogotá y con tres capítulos regionales en Bogotá (Foro Región Central), Barranquilla (Foro Costa Atlántica) y Cali (Foro Suroccidente).