La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ha examinado preliminarmente la situación de Colombia desde el año 2004. Actualmente su examen se enfoca en el análisis de admisibilidad de cinco ámbitos en los que de acuerdo la información disponible, según el Reporte Intermedio de 2012, existe fundamento razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra por actores no estatales y estatales.
Los ámbitos de análisis han sido: los grupos armados ilegales que surgieron con posterioridad al proceso de Justicia y Paz; la promoción y expansión de los grupos paramilitares; el desplazamiento forzado; los crímenes sexuales y los falsos positivos. Igualmente, la Fiscalía de la CPI ha estado atenta a la construcción e implementación del marco jurídico para generar condiciones de seguridad y estabilidad jurídica para suscribir acuerdos de paz.
Algunos de dichos ámbitos, frente a la responsabilidad de exintegrantes de las FARC-EP y de integrantes de la fuerza pública, ahora son competencia de la JEP por lo que sus avances serán relevantes para frenar la intervención de la CPI y probar que el Estado colombiano lucha genuinamente contra la impunidad de los crímenes. Frente a la responsabilidad de terceros y agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública, sobre quienes no tiene competencia obligatoria la JEP, será la Fiscalía General de la Nación quien deberá mostrar avances en la investigación, juzgamiento y sanción.
En el evento académico que se llevó a cabo el pasado 9 de octubre, la Fiscalía de la CPI ha reiterado que el examen preliminar no tiene cronogramas ni plazos límite, por lo que su actividad depende de que el Estado cumpla con los requerimientos de justicia frente a los crímenes de competencia de la CPI, estando disponible para prestar toda la colaboración, en el marco de la complementariedad positiva, para efectivizar los esfuerzos del Estado.
Así, señaló el director de enjuiciamientos de la Fiscalía de la CPI, Fabricio Guariglia, que estamos lejos de una situación de conclusión para determinar que Colombia ha cumplido con creces con el programa de sanción y ejecución de penas que le exige el Estatuto de Roma y en esa medida “no estamos cerca de un escenario de cierre del examen preliminar”.
Sin duda, la continuidad del examen preliminar impacta los esfuerzos de las autoridades nacionales encargadas del procesamiento de los responsables de los crímenes, en el marco de la justicia ordinaria y de la transicional, pues presiona para que adopten medidas para el adecuado funcionamiento de la administración de justica e implementen lo que sea necesario para cumplir con los compromisos internacionales de lucha contra la impunidad.
En ese contexto, a 15 años del examen preliminar sobre Colombia, no estamos cerca de un cierre y aún se requieren mayores esfuerzos de las autoridades para mostrar avances en el juzgamiento y sanción de los responsables de crímenes de competencia de la CPI, que son aquellos más graves contra la humanidad.