En el siglo XXI siguen vigentes las reflexiones sobre la descentralización, desconcentración y territorialización de las políticas públicas para la “región pacífica”. Estamos asistiendo al agotamiento de modelos centralistas que conciben el desarrollo y la materialización del bienestar como un asunto de la planificación central de los gobiernos. Un ejemplo de esta situación es que aún no logramos coberturas optimas en servicios básicos esenciales como agua potable, saneamiento básico, energía y acceso a internet para el conjunto de la población.
Existen una serie de tensiones no resueltas en las instituciones, la sociedad y la economía relacionadas con el abandono del Estado central hacia los territorios. Se requieren de manera prioritaria procesos de entendimiento y deliberación política que permitan construir una nueva realidad territorial más allá de lo municipal y departamental. Por el nivel de cansancio y desconfianza que expresa la ciudadanía en lo relacionado con los problemas de corrupción, clientelismo y el patrimonialismo de lo público en lo local, es necesario que las instituciones estén más cercanas a la población.
El país centralizado que hemos cimentado hasta el momento no entiende, ni escucha las regiones, no logra construir políticas públicas con un componente territorial. El país central, aunque reconoce la existencia del conflicto armado, no obstante, niega sus impactos sobre las comunidades. Tenemos un país conservador en la materialización de los derechos, que centra sus esfuerzos en la construcción de gobernanzas autoritarias que imponen políticas y no dialogan con las regiones.
Hasta el momento hemos construido un sistema de bienestar incompleto y centralizado. Contamos con instituciones con serias dificultades en materia de capacidades y facultades para enfrentar los nuevos desafíos de la cuestión social regional. La gran mayoría de esas instituciones están maniatadas por la criminalidad, la corrupción. Pero, además, en la denominada periferia se acrecienta una conflictividad violenta y una informalidad que está asociada con la sobrevivencia y precariedad de amplias franjas de la población.
Salir de ese contexto sociopolítico altamente complejo implica construir una serie de políticas y programas públicos donde la dinámica regional y local sea el eje central. Se requiere superar la lógica del reparto burocrático, de las mafias y la corrupción estatal y, por supuesto construir políticas públicas con mayores acuerdos y mecanismos de participación ciudadana ampliada. Es necesario que las instituciones regionales sean autónomas, cuenten con capacidades para actuar en función de los problemas que exige la sociedad. Instituciones territoriales que puedan intervenir los problemas de las paces en las ciudades del pacífico (Cali, Buenaventura, Quibdó, Popayán, Pasto, Tumaco); así como dar respuestas concretas a los confinamientos y desplazamientos en la frontera sur con Ecuador, y la migración y aumento de la criminalidad en la frontera del pacífico norte con Panamá.
Particularmente, construir ese tipo de políticas territoriales para el pacífico implican al menos tres desafíos: a) generar políticas sociales universales con justicia social y reconocimiento étnico-racial, b) consolidar instituciones públicas sólidas y robustas que garanticen el contrato social en lo simbólico y material, y c) visualizar lo que pasa en los diferentes departamentos, municipios y localidades, con sus problemas y con la posibilidad de construir mecanismos de integración y solidaridad desde abajo.
Lo planteado hasta el momento por el gobierno de Petro en materia de nuevos enfoques de política social solo ha avanzado con la creación de un ministerio de la igualdad y equidad. Tal como lo han definido es una estrategia para desdoblar una serie de políticas sociales con mayor participación ciudadana, con un funcionariado que pueda desarrollar las políticas públicas más allá de un gobierno, y con capacidades para la integración social y comunitaria.
A pesar de las buenas intenciones del gobierno central, el pacífico colombiano requiere con urgencia manifiesta enfrentar la continuidad de las violencias exacerbadas. Es de vital importancia construir otras alternativas al extractivismo, el acaparamiento, y la exclusión social. Es necesario superar las políticas localizadas, para ello, es necesario la formulación de políticas públicas de seguridad territorializadas con el firme propósito de intervenir las lógicas multicrimen existentes en la región. Por supuesto, este tipo de políticas públicas deben ir de la mano con un cambio estructural de una institucionalidad pública más solidaria, y cooperante (entre departamentos y municipios). Por supuesto, las organizaciones y movimientos sociales tienen un potencial enorme en materia de innovación social y pública que no se puede seguir desaprovechando.
La ciudadanía espera una región orientada a la construcción de una paz estable y duradera. Políticas sociales volcadas hacia la paz total. Con un salto que permita transitar de las geografías de la guerra a lógicas orientadas por la paz y los diálogos vinculantes, con propuestas de bienestar general que impliquen la posibilidad de ampliar los derechos a una ciudadanía social.
*Universidad del Valle / Programa de Administración Pública / Socio Foro Nacional por Colombia-Suroccidente
*Foro Nacional por Colombia es un Organismo Civil no Gubernamental sin ánimo de lucro, creado en 1982, cuyos objetivos son contribuir al fortalecimiento de la democracia en Colombia. Desarrolla actividades de investigación, intervención social, divulgación y deliberación pública, asesoría e incidencia en campos como el fortalecimiento de organizaciones, redes y movimientos sociales, la participación ciudadana y política, la descentralización y la gestión pública, los derechos humanos, el conflicto, la paz y las relaciones de género en la perspectiva de una democracia incluyente y efectiva. Foro es una entidad descentralizada con sede en Bogotá y con tres capítulos regionales en Bogotá (Foro Región Central), Barranquilla (Foro Costa Atlántica) y Cali (Foro Suroccidente).