Secuestro: estas son las cinco ciudades del país donde se han registrado más casos

Un hombre camina frente a carteles que rechazan el secuestro de Luis Manuel Díaz, padre del delantero de la selección colombiana de fútbol y del club inglés Liverpool, Luis Díaz.

Foto: EFE - RICARDO MALDONADO ROZO

Pese a que Colombia está lejos del panorama de finales de la década de 1990, cuando se llegaron a registrar más de 2.200 secuestros por año, la persistencia de este crimen en la actualidad mantiene encendidas las alertas.

El caso de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Díaz secuestrado por la guerrilla del ELN en octubre pasado, volvió a despertar la discusión nacional sobre este delito, que en el último año ha aumentado en un 73%, de acuerdo con un reciente informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).

La investigación hace una radiografía de la dinámica del secuestro en el país desde la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016 hasta la actualidad, con el proyecto de paz total del Gobierno Petro y sus diálogos con los principales grupos armados del país.

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El informe concluye, entre otras cosas, que incluso si el ELN devolviera todas las personas secuestradas que se encuentran en su poder -como se lo ha exigido el Gobierno Petro- la tendencia de este crimen podría seguir incrementándose en Colombia, dado que el grupo guerrillero no es el único actor involucrado.

De acuerdo con el documento, desde el año 2016 hasta octubre de 2023 se registraron un total de 1.502 casos de secuestro, según el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO).

Aunque luego de la firma del pacto hubo una disminución histórica de más del 50% en los casos, tres años después, en 2019, empezaron a incrementarse notoriamente estos hechos.

Para Francisco Daza, coordinador de la línea de Paz y Posconflicto de Pares, hay una cadena de factores que explican que los grupos armados hayan vuelto a ejecutar secuestros hasta llegar a una situación como la de este 2023, que con 287 casos cerrará como el año con el pico más alto de hechos desde 2016.

“Entre las principales causas está la crisis de seguridad que hubo durante el gobierno de Iván Duque, que no logró ocupar de forma efectiva con presencia institucional y estatal los vacíos territoriales dejados por la antigua guerrilla de las FARC y todo eso derivó en el fortalecimiento y crecimiento de otros Grupos Armados Organizados que encontraron en el secuestro una forma rápida y ágil de tener rentas económicas fáciles”, explica Daza.

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Según el documento, a mayor dispersión de grupos y competencia entre ellos en sus áreas de influencia, el secuestro, por sus bajos costos y requerimientos logísticos, sumado a una alta impunidad, “se disparó en correlación directa con el incremento y crecimiento de los grupos armados”.

De acuerdo a los cálculos de Pares, Colombia pasó de tener 18 grupos armados en el 2018 a 43 en el 2022, varios de los cuales están detrás de estos crímenes.

La mayoría de los hechos se da en ciudades, no en zonas rurales

De los 411 eventos de secuestro que registra la Policía Nacional entre agosto de 2022 y octubre de 2023, los departamentos más afectados son Antioquia (que aglomera el 26% del total nacional, es decir, uno de cada cuatro casos), Norte de Santander (23%), Valle del Cauca (21%), Cundinamarca (16%) y Nariño (14%).

Según Pares, a excepción de Cundinamarca, en todos estos departamentos hay presencia de grupos armados ilegales como el ELN, el Estado Mayor Central (disidencia de las FARC comandada por Iván Mordisco), el Clan del Golfo y la Segunda Marquetalia, actores que han sido identificados como perpetradores de actos que afectan la vida e integridad de la población civil.

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Sin embargo, de acuerdo con el informe, los datos muestran que la mayoría de casos no se dan en escenarios rurales por cuenta de la presencia de estos grupos armados organizados, sino que se registran en las ciudades y están ligados a delincuencia organizada urbana.

De hecho, entre agosto de 2022 y octubre de 2023 los municipios más impactados por casos de secuestro fueron Bogotá (24%), Cali (23%), Cúcuta (21%), Medellín (20%) y Buenaventura (12%).

A raíz de esta situación, el informe concluye que “este fenómeno no solamente debe ser analizado desde el conflicto rural y el control territorial que ejercen los Grupos Armados Organizados (GAO) en distintos territorios del país, sino que se debe atender desde una perspectiva del crimen organizado en el nivel urbano y delincuencia común, lo cual también pasa por llevar a buen término lo procesos de dialogo socio jurídico y sometimiento a la justicia con distintos Grupos Delincuenciales Organizados (GDO) en el marco de la Paz Urbana”. En ese sentido, el Gobierno Petro adelanta acercamientos con las bandas de Medellín, Quibdó y Buenaventura.

¿Qué ha pasado en la Paz Total?

El informe aclara que uno de los principales retos al analizar los casos de secuestro es el alto índice de impunidad y la falta de información para determinar a los responsables: respecto de los 411 casos registrados desde agosto de 2022 hasta octubre de 2023, se desconoce el autor en el 60% de los secuestros.

De los casos en los que sí se identificó al autor, el ELN es el principal responsable de secuestros desde el 2022, con un total de 40 casos constatados.

Durante las últimas semanas, el país ha presenciado la tensión entre el gobierno nacional y el ELN, pues el principal comandante de la guerrilla, Antonio García, ha salido a justificar los hechos y argumentar que, supuestamente, las acciones del grupo no se enmarcan en la definición de secuestro.

“Estas declaraciones no benefician el ambiente de la opinión pública y político de cara a la continuidad de los ciclos de negociación con esta guerrilla en clave de las víctimas, pues justamente es una falta de reconocimiento del dolor y el trauma que causa este tipo de prácticas”, dice Daza, y recalca que estos pronunciamientos le hacen perder legitimidad a la mesa y “pueden abrir una ventana para que otros grupos armados organizados se sumen a la narrativa del ELN para justificar los secuestro que realizan”.

Uno de esos grupos podría ser la disidencia del Estado Mayor Central de las FARC, a la que se le atribuye una responsabilidad en cerca del 10,4% de los hechos totales.

Esto muestra una paradoja: los dos grupos que se han erigido con carácter político al interior de las negociaciones, los únicos con mesas de diálogo formales, y con acuerdos de cese al fuego vigentes, son los que más están secuestrando en el marco de la paz total.

El tercer grupo identificado como presunto perpetrador es el Clan del Golfo, con el 9% de los casos, seguido de la disidencia conocida como Segunda Marquetalia, con el 3%. Sin embargo, la gran mayoría de hechos siguen sin identificar.

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“Una parte de esos secuestros desconocidos pueden ser atribuibles a bandas urbanas, delincuencia común o al crimen organizado, y van desde retenciones de varias horas acompañadas de hurto, agresión y extorsión, a secuestros de meses o incluso de años y su disminución no depende del compromiso de los actores armados en las mesas de diálogo, sino que requiere acciones del Gobierno y la fuerza pública que empiecen por contar con mejor y más información, campañas de prevención y reducción de la impunidad”, sostiene el informe.